La Cámara Federal de Casación Penal revocó la prescripción por el paso del tiempo del caso IBM-DGI, lo cual significa la orden de realizar el juicio oral y público de la causa que investiga el presunto pago de sobreprecios en el orden de los 120 millones de la ex Dirección General Impositiva (DGI) a IBM. La causa es por la puesta en marcha de dos sistemas operativos en el año 1994 y cuya investigación tuvo inicio por una denuncia de los entonces diputados Carlos Alvarez, Horacio Viqueira y Alfredo Bravo durante la gestión presidencial de Carlos Menem.
Ahora, luego de 17 años, los jueces de Casación, Dres. Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani, revocaron el sobreseimiento de uno de los acusados a raíz que la causa, iniciada en 1996, había sido prescripta por el Tribunal Oral Federal 3 sin siquiera realizar el juicio oral y público contra varios imputados.
En la causa se investiga si el Estado habría pagado un sobreprecio de unos 120 millones de pesos/dólares en los que se contrataron dos sistemas informáticos en el marco del plan de "Solución Informática para la Administración del Padrón de Aportantes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones" y "Sistema Integrado Tributario" de la DGI.
El TOF3 había considerado prescripta la causa por el paso del tiempo lo que fue apelado por la fiscal Sabrina Namer y la Oficina Anticorrupción como querellante.
La fiscal pidió que se tenga en cuenta la voluminosidad de la causa, es decir, las 212 declaraciones testimoniales, 80 declaraciones indagatorias, 16 allanamientos, 2 peritajes y un informe del Banco Central que demoró casi dos años. También expresó que los propios imputados interpusieron planteos que dilató el proceso.
Esta argumentación por parte de la fiscal fue valedera para la Cámara de Casación respecto a que se trata de una "cuantiosa documentación" y que hubo que realizar "diversos peritajes", y reprocharon a los jueces del Tribunal Oral que "se limitó a reseñar la tramitación que tuvo la causa, señalando sustancialmente los lapsos de tiempo transcurridos a partir de los planteos y recursos de las partes, sin realizar una valoración integral de todos los factores que determinan la razonabilidad de la duración del proceso penal". En el fallo, los magistrados instaron a que el Tribunal "deberá arbitrar los medios necesarios para la celebración del debate oral y público a la mayor brevedad posible".
Hay que recordar que, paralelamente, tramitó en el mismo TOF N° 3 otro caso similar, el conocido como IBM-Banco Nación, en el que se pagaron sobornos por 21 millones de dólares para la informatización de la entidad oficial. Parte de la coima se recuperó y los acusados firmaron un juicio abreviado, en el que se declararon culpables, aceptaron ser condenados a penas de entre tres años y dos años y tres meses de prisión en suspenso y al decomiso de más de $ 18 millones, según informó el colega Hernán Capiello de La Nación.
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