En el juicio oral por las supuestas coimas pagadas por el gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa en abril del año 2000 para aprobar una reforma laboral en el Senado tuvo sentencia. A a las 15.32 horas, los jueces Dr. Miguel Pons, Dr. Fernando Ramirez y Dr. Guillermo Gordo, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Capital, dieron a conocer el veredicto sobre la causa n° 857/07, "Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/ cohecho", en la que se investigó el presunto pago de sobornos en el ámbito del Senado de la Nación, durante abril de 2000, para lograr la aprobación de la ley 25.250. Resolvieron que no hubo delito y todos fueron absueltos de culpa y cargo. Rechazo de la CGT y de Pontaquarto. Alivio para De la Rúa y trabajo para la Corte Suprema.
Fueron juzgados el ex mandatario presidencial, ex funcionarios públicos y ex legisladores por "cohecho activo". El juicio duró un año y cuatro meses, proceso en el que está en duda el dictado de condenas, pese al pedido fiscal de
seis años de cárcel para De la Rúa.
A la salida de los tribunales de Comodoro Py, el ex presidente De la Rúa leýó un comunicado ante los medios presentes: "Este juicio demostró la inexistencia de corrupción en mi gobierno. El hecho no existió. Le dejo esta manifestación a la sociedad, a mis amigos, a mi partido y a mi familia".
Los rumores dentro de los pasillos de Comodoro Py que informó este medio fueron ciertos a las 15:32. El tribunal decidió absolver al ex presidente Fernando de la Rúa, al ex secretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto, al ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, a los ex senadores justicialistas Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Constanzo, Ricardo Branda y al ex minsitro de Trabajo del gobierno de la Alianza, Alberto Flamarique.
El tribunal no encontró indicios que certificarán que se pagaron sobornos en el Senado para la aprobación de la reforma laboral durante el gobierno de la Alianza que terminó con la crisis del 2001. El caso llegó a proceso oral en agosto de 2012, luego de casi diez años de haber comenzado a circular en Tribunales y poco más de trece de haber presuntamente sucedido. La causa tuvo dos fallos de instrucción: uno del entonces juez Rodolfo Canicoba Corral, que fue desestimado por la Cámara Federal de Apelaciones; y otro, el definitivo, del magistrado Daniel Rafecas, varios años después. Los magistrados del TOF 3 en el fallo dispusieron que se "deberá investigar la posibilidad de certificar el posible falso testimonio de Mario Pontaquarto" y del actual legislador porteño Aníbal Ibarra.
En la sentencia los jueces dejaron bien en claro que "no existió una reunión entre De Santibañes y Pontaquarto el 18 de abril de 2000 al mediodía para convenir la entrega de dinero; no es cierto que Pontaquarto concurriera a la Secretaria de Inteligencia ese día, en horas de la tarde o noche, para retirar $5.000.000; no es cierto que faltare esa suma de dinero de la entonces SIDE. No es cierto que Pontaquarto llevara y guardara en su casa esa suma entre el 19 y 26 de abril de 2000. Tampoco lo es que dejara ese dinero en una habitación del Hotel Howard Johnson durante la jornada del 26 de abril, para retirarlo luego de la sesión parlamentaria de ese día, ni que lo llevara al domicilio de Emilio Marcelo Cantarero en horas de la noche, ni que hubiera entregado a José Genoud la suma de $700.000 en la mañana del día siguiente, en el despacho que éste ocupara en el Senado de la Nación".
El escándalo derivó en la renuncia del entonces vicepresidente Carlos Chacho Alvarez, luego de los cambios de funcionarios decididos por el entonces presidente. En 2003, Pontaquarto reveló al semanario TXT su versión de los hechos, las reuniones, sus participantes, el retiro de los 5 millones de pesos/dólares de la SIDE destinados al pago de los sobornos, la repartija a los legisladores. Desde entonces es “el arrepentido” de la causa.
La conclusión a la que llegó el juez Dr. Daniel Rafecas al momento de elevar a juicio oral el expediente es similar a los alegatos de la fiscalía que actuó en el juicio oral, a cargo de Sabrina Namer, y de la Oficina Anticorrupción, única querellante. Para la fiscalía y la OA, la versión de Pontaquarto –que el “arrepentido” sostuvo, contradicciones es apoyada por el cruce de llamadas telefónicas, que prueba la presencia del ex secretario del Senado en cada lugar en el que él mismo se ubica en su relato. La fiscalía solicitó también integrar por lectura el alegato de la ex esposa de Pontaquarto, Silvana Costalonga, quien en la etapa de instrucción aseguró haber visto los 5 millones en la cama de su casa y haber escuchado del ex funcionario legislativo que “eran para pagar los sobornos”.
Sobre los motivos del hecho que no existió para los jueces, si bien no brindan ninguna hipótesis sí hacen mención que la presentación "oscura" aparición de Pontaquarto en la causa fue luego de mantener un encuentro con el entonces Jefe de Gabinete Alberto Fernández y otro luego con Aníbal Ibarra.
"Me llena de angustia, yo esperaba que cuando empezara el juicio las pruebas afloraran como en todos los años anteriores. Conte la historia hasta el cansancio durante diez años", afirmó Pontaquarto a la salida de los tribunales. Resaltó que "el fallo fue vergonzoso, tenían la oportunidad histórica que juzgar a un delito de corrupción", dijo "el arrepentido" como buscando que lo condenen. Él también fue absuelto en la causa que investigaba el presunto pago para la aprobación de la reforma laboral.
Párrafe aparte para la denuncia ante el Consejo de la Magistratura al juez federal Daniel Rafecas quien estuvo a cargo de la etapa de instrucción de la causa y donde se investigará su desempeño en este caso y en el caso Ciccone.
La nota de color de la jornada estuvo al término de la lectura del veredicto cuando el ex senador PJ, Augusto Alasino, en modo sobrador le tiró una cachetada al "arrepentido" Pontaquarto quien intentó irlo a buscarlo. Le dijo: "Puto, cagón, gil, vení", gritó Pontaquarto a Alasino, mientras se retiraba de la sala.
La Previa
Previo a la lectura de la sentencia, los miembros del tribunal escucharon pedidos de penas de hasta seis años de prisión por parte de la fiscalía y seis años y seis meses de la querellante Oficina Anticorrupción. La defensa de los imputados pidió su absolución. Desde el inicio del juicio, el 14 de agosto de 2012, se ventiló el presunto pago de cinco millones de pesos en sobornos con dinero salido en varias valijas de la SIDE para lograr la aprobación de la ley de Reforma Laboral en la Cámara Alta hace ya 13 años.
El entramado de las coimas se reveló tras la confesión del ex secretario parlamentario, Mario Pontaquarto, quien se autoatribuyó el rol de "valijero" del dinero desde las oficinas de la SIDE al Congreso. A lo largo del debate no apareció ningún testigo directo que haya visto el dinero de los sobornos y la única que pudo haber cambiado esta situación, la ex esposa de Pontaquarto, Silvina Costalonga.
Ella no pudo declarar porque el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa, rechazó sobreseerla y el Tribunal se negó a convocarla. Según Pontaquarto, ella fue la única que vio los fajos de billetes que tuvo en su poder y que guardó durante días en su casa y trasladó luego a un hotel, hasta concretar el reparto del dinero la madrugada en que se aprobó la ley.
La semana pasada en los tribunales federales de Retiro, el Tribunal Oral Federal 3 dispuso escuchó las últimas palabras de los acusados: el ex presidente de la Alianza, Fernando De La Rúa, el ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes, los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell y al ex ministro de Trabajo de la Alianza Alberto Flamarique así como "el arrepentido" Mario Pontaquarto.
En los alegatos finales, la fiscal Sabrina Namer pidió seis años para el ex presidente y de Santibañes por "cohecho activo" y para Alasino, Tell y Constanzo por "cohecho pasivo", además de un año y seis meses en suspenso para Pontaquarto y las absoluciones de Branda y Flamarique.
Para la fiscal, De La Rúa fue el garante de la maniobra que derivó en un escándalo institucional con punto culminante en la renuncia al cargo del entonces vicepresidente de la Nación Carlos "Chacho" Alvarez. En su alegato final, la fiscalía entendió que, más allá de los dichos de Pontaquarto, durante la instrucción a cargo de Rafecas y del fiscal Federico Delgado se genero prueba.
"Se encuentra acreditado que el doctor Fernando de la Rúa prometió a Augusto Alasino y Alberto Tell la entrega del dinero que repartirían a otros colegas senadores a fin de que aprobaran la ley y ejercieran su influencia para que otros la aprobasen", aseguró Namer sobre los cinco millones de pesos salidos de la SIDE, según la acusación.
La querellante Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia reclamó seis años y seis meses para De La Rua y De Santibañes; cinco años y medio para los ex senadores Tell Alasino y Branda, un año para Pontaquarto y absolución de Flamarique. Las defensas de todos los acusados reclamaron la absolución en sus alegatos finales y apuntaron hacia el arrepentido Pontaquarto, cuyo abogado Hugo Wortman Jofre también reclamó que sea absuelto al considerar que en la causa no pudo generarse prueba independiente más allá de sus dichos.
A lo largo del juicio, realizado por primera vez a un ex presidente por el pago de sobornos, pasaron decenas de testigos, entre ellos el ex vicepresidente Alvarez, la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien presentó un escrito; entre decenas de funcionarios, legisladores, políticos y periodistas. Tras la lectura del veredicto y en las vísperas de la Nochebuena, los políticos, como siempre, se llevaron un precioso regalo de Navidad para poner en el arbolito: la libertad.
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