Movidito, movidito es la canción que sonará este año en los pasillos de los tribunales de todo el país. Este año judicial será clave para el futuro de varios políticos implicados en causas judiciales. Desde las ansiadas y demoradas reformas a los dos códigos que rigen la vida diaria de millones de argentinos, sentencias que deben ser revisadas por los jueces supremos para cambiar o ratificar el ángulo de las sentencias precedentes hasta juicios que serán históricos por las tragedias que lloran detrás de ellos.
La comisión redactora de formular los cambios en el Códipo Procesal Penal está conformada por varios políticos juristas como el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra; el ex camarista federal León Arslanian; María Elena Barbagelata, del Partido Socialista, y Federico Pinedo, diputado del PRO. Entre las modificaciones donde tuvo mucha injerenia el magistrado de la CSJN, Eugenio Zaffaroni, se prevé un código más garantista que "mano dura".
En principio, el texto que ya tiene en manos la Presidenta, Cristina Kirchner, para lanzarlo en un acto político prevé cambios en las penas: se eliminaría la cadena perpetua así como no existiría más la libertad condicional ni la reincidencia. La pena máxima se bajaría de 35 a 30 años. En tanto, se eliminará el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, que sentó jurisprudencia, que despenalizó el delito en 2009. En tanto, se incorporarán nuevos delitos relacionados a la informática y la tecnología, así como a la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente.
La demorada sanción definitiva que debe dar el Congreso nacional a la Unificación del Código Comercial y Civil de la Nación tuvo sus duras críticas de la comunidad abogadil, como informamos en esta nota, especialmente por la limitación a la responsabilidad del Estado y demás cambios al divorcio. El pasado 14 de noviembre se presentaron los dictámenes para la elaboración final del nuevo Código, que fue modificado por la política previo a la exitosa gestión y labor de la comisión de juristas integrada por los doctores Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci. Este año saldrá? Nadie lo sabe.
En materia más política que judicial, las causas que involucran a fucionarios o ex funcionarios del Gobierno nacional podrían avanzar pero lentamente. La causa Ciccone debe resolverse el pedido de indagatoria al vicepresidente Amado Boduou, y en las causas que involucran al empresario amigo de Néstor Kirchner, Lázaro Báez, debe definir el pedido para que no se publique información de sus empresas. En tanto, el expresidente de la Alianza, Fernando De la Rúa, quien fue absuelto junto a otros funcionarios de su gobierno en el juicio pro los sobornos en el Senado tiene pendiente un recurso en la Corte Suprema.
Los juicios históricos que empezarán en esta primera parte del año pueden marcar un precendente muy importante en materia judicial y hasta política. La formación chapa 16 del ferrocarril Sarmiento que se incrustó contra los paragolpes de contención de la estación de Once en la mañana del 22 de febrero de 2012, dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos, juzgará a sus responsables el 18 de marzo desde las 11 de la mañana. El Tribunal Oral Federal Nº 2 juzgará a 29 personas por los delitos de estrago culposo y fraude contra la administración pública. Entre los acusados se encuentran el dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), Claudio Cirigliano, los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, y el maquinista del tren, Marcos Córdoba, entre otros.
Tarde pero seguro. El TOF 6 juzgará al ex jefe de la Policía Federal Rubén Sangos, al ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y a ocho ex oficiales de la fuerza de seguridad por el homicidio de cinco personas en la ciudad de Buenos Aires durante la crisis social y la represión policial a los manifestantes en la Plaza de Mayo que terminó con la renuncia del entonces presidente Fernando De la Rúa. El radical estuvo imputado en la causa pero fue sobreseído y a Corte Suprema debe resolver su responsabilidad en dar la orden de reprimir. El juicio comienza el próximo 24 de febrero. En tanto, otra causa que puede complicar a otro político como el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, es la investigación por las escuchas ilegales que tiene como procesados al ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, al espía Ciro James, al ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowsky y a Macri acusados de haber impulsado una “asociación ilícita” para cometer el delito de “intercepción de comunicaciones”. La causa cumplirá cinco años durante 2014, y aunque la instrucción ya fue clausurada, fuentes judiciales especulan que este año será su elevación a juicio.
Entre otras causas relevantes, el mediático CASO ÁNGELES llega a juicio oral. La joven Ángeles Rawson desapareció el 10 de junio cuando regresaba a su casa del barrio porteño de Palermo. Al día siguiente, su cadáver fue hallado en el predio del CEAMSE de José León Suárez. El encargado del edificio donde vivía esta chica de 16 años se autoincriminó cuando declaraba como testigo ante la fiscal del caso, Paula Asaro. Más tarde, los peritos demostraron la presencia de ADN de Jorge Mangeri bajo las uñas de Ángeles, y las incansables pericias forenses confirmaron la supuesta culpabilidad del agresor. Está procesado por “abuso sexual en grado de tentativa y femicidio agravado” y enfrenta ante una posible condena a prisión perpetua. El juez Javier Ríos ya dio por clausurada la instrucción y prepara el expediente para elevarlo al juicio oral.
Por último, es un año trascendental ya que hay elecciones en la Asociación de Magistrados que preside el camarista, Dr. Luis María Cabral; en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, donde el Dr. Jorge Rizzo ungirá a algún candidato para que su agrupación sigue liderando el recuperado colegio así como las posibles renuncias en la Corte Suprema. El Dr Zaffaroni ya confirmó que se retirará al cumplir sus 75 años de edad, mientras que el estado salud de la Dr. Argibay así como la avanzada edad del Dr. Fayt también pueden dejar otros vacíos en los cargos supremos.
Párrafo aparte para los aspirantes a trabajar en el Poder judicial, es la reglamentación que debe hacerse efectiva en marzo del ingreso democrático para todos los trabajadores mayores de edad que deseen ingresar a desempeñarse en una carrera administrativa o a través de su profesión como abogados. El secretario de la UEJN, Julio Piumato, y el titular de la Corte, Dr, Ricardo Lorenzetti definen la fecha para reglamentar el ingreso paulatino con la realización de listas prioritarias para todos los interinos que actualmente están trabajando en la justicia hace varios años.
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