El ex titular menemista de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Hugo Anzorreguy, se negó a declarar por cuestiones médicas en la causa AMIA II por encubrimiento llevada por el Tribunal Oral Federal 2, compuesto por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perilli. Su abogado leyó un escrito donde destacó que su defendido “entregó el dinero requerido por el juez Galeano para garantizar la seguridad del entorno familiar de Telleldín”.
Fue la primera vez que Anzorreguy se presentó en los tribunales de Comodoro Py en el marco de esta causa, luego del peritaje ordenado por el tribunal que indicaba que el ex funcionario “se encuentra en condiciones psíquicas de comprender los motivos y las implicancias de estar sometido a proceso”.
El ex titular de la SIDE debía ser indagado por el desvío de la “pista siria” en la investigación de la causa por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) del 18 de julio de 1994 en el que fallecieron 85 personas. La misma apuntaba a Alberto Kanoore Edul, un empresario de origen sirio con supuestos vínculos de negocios con la familia del entonces presidente Carlos Menem. Entre las acusaciones se alegaba que sin el aval de Anzorreguy, el juez que llevaba la causa, Juan José Galeano, no hubiera podido omitir esa línea de investigación.
También se debía indagar a Anzorreguy por el delito de peculado en calidad de autor y por encubrimiento de la entrega de 400 mil dólares que tenía bajo su custodia al juez Galeano para pagarle a Carlos Telleldín, otro de los imputados en la causa, para que inculpara a los policías bonaerenses en la causa del atentado.
Tras hacer lugar a su derecho a no declarar, el abogado de Anzorreguy leyó un escrito con declaraciones del ex funcionario pertenecientes a la fase de instrucción de esta causa. “Entregué el dinero requerido por el juez Galeano para garantizar la seguridad del entorno familiar de Telleldín”, argumentó el ex titular de la SIDE en el escrito.
Anzorreguy alegó haber “aportado recursos humanos, técnicos y económicos al magistrado a modo de colaboración judicial”. Además, dijo que de no haber efectuado la colaboración con la autoridad magistrada, se lo hubiera separado de su cargo por falta de respuesta como funcionario público.
En cuanto al ocultamiento de esta transacción entre secretarías de Estado, Anzorreguy se respaldó por la Ley Secreta número 20.195. “Que sea secreto no significa que sea ilegal”, sentenciaba el escrito.
En cuanto a la acusación del desvío de la investigación de la “pista siria”, Anzorreguy, según palabras de su abogado, declaró en instrucción no haber conocido nunca al empresario Kanoore Edul. “No puedo aportar porque desconozco los hechos si es que ocurrieron”, dijo ante el tribunal del juez Ariel Lijo.
Finalmente, el TOF2 anunció que, terminada la etapa de indagación, la próxima jornada del jueves 29 de octubre comenzarán las declaraciones testimoniales. En relación a esto, el abogado del ex comisario de la Policía Bonaerense, Juan José Ribelli, argumentó que su cliente no debía declarar en calidad de testigo porque su absolución en la causa AMIA, en la que estaba acusado por haber entregado la Traffic de Telleldín en la que estaba el coche bomba, fue parcialmente revocada por la Corte Suprema de Justicia.
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