Así lo solicitó el fiscal Pablo Ouviña al concluir su alegato para los responsables de los Institutos Militares en la dictadura, Reynado Bignone y Santiago Omar Riveros. También se pidieron 25 años para el ex militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini, único extranjero entre los ocupantes del banquillo. En la causa se investigan un macabro plan en varios países de Latinoamérica en dictadura que se habrían asociado para secuestrar rivales políticos. La sentencia se dará a conocer el año que viene. Son 18 los acusados de delitos de lesa humanidad durante el Plan Cóndor.
El fiscal de la causa explicó ante Tribunal Oral Federal I cómo las dictaduras latinoamericanas con base en Santiago de Chile en 1975 acordaban para espiar, secuestrar y asesinar sus adversarios políticos más allá de sus fronteras. Ya van más de tres años de juicio, y esta semana Ouviña pidió condenas de hasta 25 años de prisión para los represores que esperan la condena en el banquillo de los acusados. "Investigamos dos cosas: qué les pasó a las 174 víctimas, cuya mayoría está desaparecida, y determinar la existencia de una asociación criminal, ilícita”, dijo el fiscal en una entrevista reciente a la Agencia Infojus.
Para la fiscalía, las cúpulas militares fueron parte de una asociación ilícita que cometió privaciones ilegales de la libertad. Bignone ocupó ese cargo antes de ser nombrado presidente por el gobierno de facto, en el último tramo de la dictadura. También se pidió 25 años para el ex director de la escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y el ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza. Para el ex servicio de inteligencia militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini, único extranjero entre los ocupantes del banquillo, también se pidieron 25 años, por ser partícipe necesario del secuestro de once víctimas. La misma cantidad de años que para el ex agente de la SIDE, Miguel Angel Furci, por su rol en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti, el reducto argentino del Plan Cóndor. A Furci se le achacaron 60 privaciones ilegales de la libertad y 123 casos de torturas.
Por último, por el delito de asociación ilícita en concurso material con el de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, en grado de coautores mediatos, Ouviña reclamó 22 años de reclusión para el ex jefe del Área 521 con sede en el Batallón Ingenieros de Construcción 182 de Neuquén, Enrique Braulio Olea.
Para el resto solicitó penas menores. Diez años al ex jefe del área militar 112, Federico Antonio Minicucci, y al ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant. Para otros ocho militares, pidió 16 años de reclusión. La lista del grupo de los ocho, con sus cargos, es la siguiente: el ex jefe del área 111 con sede en el Batallón Depósito de Arsenales 601 (Quilmes), Eduardo Samuel De Lío; el ex jefe de la subzona 23 con sede en la Brigada de Infantería VII (Corrientes), Eugenio Guañabens Perelló; el ex jefe del Área 5 de la Capital Federal con sede en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 (Ciudadela), Bernardo José Menéndez.
También el ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Argentina, Antonio Vañek; el ex jefe del área 232 con sede en el Distrito Militar Misiones, Carlos Humberto Caggiano Tedesco; el ex segundo jefe del Regimiento de Infanteria 1 "Patricios", Felipe Jorge Alespeiti; el ex jefe del subárea 1131 con asiento en el Batallón de Comunicaciones de Comando 601, Néstor Horacio Falcón; y el ex jefe del Área 420 y director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo, Luis Sadi Pepa.
Hubo un solo pedido de absolución: para el ex director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Juan Avelino Rodríguez. El fiscal no pudo probar si fue jefe de área y la responsabilidad que en esa calidad se le atribuía en un caso de privación ilegítima de la libertad. El juicio, que podría terminar en 2016, seguirá con los alegatos de las defensas de los 18 acusados.
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