El 26 de noviembre pasado, después de más de una década de reclamos y desalojos, los trabajadores de la cooperativa B.A.U.E.N consiguieron la media sanción de la Cámara de Diputados de un proyecto de Ley, presentado por el diputado Carlos Heller, que da al hotel carácter de utilidad pública y sujeto de expropiación para la “explotación turística, social y comunitaria que se desarrolla en el inmueble”.
El proyecto obtuvo la media sanción en la última y polémica sesión de la Cámara de Diputados del año en la que el kirchnerismo logró el quórum de 129 camaristas y aprobaron más de 90 leyes. Julián Domínguez, presidente de la Cámara baja, ordenó, a partir de la sugerencia de la diputada del FpV Juliana Di Tullio, que se votara el paquete de leyes entero sin debate. Aunque todavía no hay fecha de la sesión, la iniciativa de la expropiación del Bauen fue girada al Senado.
Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa B.A.U.E.N, dijo a Tiempo Judicial que “los plazos de la resolución se estiraron más de lo debido”. Hace 13 años que los trabajadores, con el apoyo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), ocuparon el edificio ubicado en Callao y
Corrientes, en el centro porteño, para ponerlo nuevamente en funcionamiento tras la quiebra de Solari SA, el dueño anterior, en 2001.
Construído en 1978, con motivos del mundial de fútbol que se celebraría en el país, el hotel Bauen, presidido en ese entonces por Marcelo Iurcovich, recibió un crédito del ex Banco Nacional de Desarrollo (BA.NA.DE). Como se indica en los fundamentos del proyecto, esa deuda aún existe. “El Estado Nacional tiene sentencia favorable para cobrar la suma actualizada de $10.081.420, la que se encuentra en instancia de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, establece el texto.
El artículo 4 del proyecto pondría un al saldo pendiente con el Estado. “La suma que eventualmente deba abonarse, en cumplimiento del proceso expropiatorio, será pagada con la deuda que el titular de los bienes sujetos a expropiación registre con el Estado Nacional por créditos que contrajo con
el ex BANADE y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”, indica.
Al respecto, Tonarelli agregó que las deudas hipotecarias del grupo BAUEN “son cifras millonarias, que la Justicia deberá determinar, a las que deben sumarle todas las deudas que el grupo tenga pendiente con cada uno de los organismos recaudadores”.
La expropiación convierte al BAUEN en objeto utilidad pública, que en términos de la Ley 21.499 de Expropiaciones, significa que es un caso en que se procura el bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual. El proyecto estipula este rasgo en su artículo sexto en la que indica que la empresa BAUEN S.E. “deberá destinar y crear espacios de promoción cultural así como realizar actividades educativas y artísticas”.
Tonarelli aseguró que esas actividades se realizan en el hotel desde la fundación de la cooperativa en marzo de 2003: “Creamos espacios para la difusión del cooperativismo, la hotelería, la gastronomía, así como también se destinan plazas a pasajeros provenientes del PAMI”. Esto último también está previsto en el proyecto, que en su séptimo artículo establece que el BAUEN “deberá destinar permanentemente al menos un 30% de las plazas disponibles para brindar cobertura a pasajeros del turismo social”.
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Pese a ser aprobado por una amplia mayoría de legisladores, el actual presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien criticó la propuesta y en una entrevista radial dijo que la expropiación del BAUEN era “darle una cantidad enorme de plata a un grupo chico de personas, quitarle el dinero que podría ir a la gente que tiene necesidades básicas de alimentación, para que 40 personas tengan un hotel en Callao y Corrientes”. Al respecto, Tonarelli dijo a Tiempo Judicial que “una vez más el macrismo demuestra que no tiene la menor simpatía por el cooperativismo de trabajo en general ni por el BAUEN en particular.
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