Una supuesta estafa por 64 millones de pesos tras la contratación de un software que ya pertenecía a la justicia fue denunciada ante el fuero criminal federal por el abogado Ricardo Monner Sans. La causa recayó ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuán será el encargado de impulsar la investigación. Tiempo Judicial se contactó con la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático UEPI quien dio su derecho a répica en esta nota. 

 

La maniobra habría sido llevada a cabo por la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático (UEPI), creada en el 2009 y dependiente del Consejo de la Magistratura. En esta nota pondremos en negrita la respuesta de los acusados en la denuncia de Monners Sans. Respondieron punto por punto los items de la acusación. 

 

El denunciante pide que se investigue a los integrantes de la UEPI, Gabriel Melhman, Carlos Tate, Jorge Nasisi, Juan Carlos Cavo y Alejandro Falcone, como a los integrantes de la Comisión Evaluadora , Alfredo Catoira, Alfredo Quiñones, Eduardo Parody y Marcelo Gallo Tagle, dependientes de la Corte Suprema y la Magistratura.

 

Todos ellos, entre 2009 y 2011, licitaron el software de gestión del Poder Judicial, aunque en el escrito figuran también como posibles responsables otros funcionarios que ya se encuentran imputados por la justicia federal por supuestos desvíos en las obras públicas, Germán Krieger, ex administrador del poder judicial, Luis Alberto Devoto, Secretario de Asuntos jurídicos y Walter Eusebio, director de Administración.

 

Desde la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático UEPI se contactaron con Tiempo Judicial y aclararon, en primer lugar, que todo el proceso de adquisición se realizó mediante el llamado a Licitación Pública. En segundo lugar, el software adquirido nada tiene que ver con ninguno de los que de diversa manera funcionaban en los distintos fueros. En tercer lugar, una vez abierta la licitación, el proceso de evaluación de las ofertas presentadas por los 4 consorcios, además de la revisión y análisis de la documentación presentada, consistió en jornadas abiertas de prueba para evaluar el sistema propuesto por los oferentes; dichas jornadas tuvieron una duración de 1 semana por cada consorcio, durante el transcurso de las cuales se pudieron evacuar todas las dudas que se presentaban a los asistentes.

 

Además de la Comisión Evaluadora (integrada por 10 personas), se hicieron presentes en diferentes sesiones algunos magistrados y funcionarios judiciales (por ejemplo los Dres. Gerardo Vassallo, Javier Leal de Ibarra, Mónica Usón, Guillermo Franco, Norberto Gurruchaga, Raúl Romero, Gustavo Di Marco, Oscar Núñez, Angela Ledesma, etc.)

También se hicieron presentes en algunas audiencias de demostración, integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones del Poder Judicial de la Nación (por ejemplo Juan Carlos Cubría, Diego Martino, Omar Núñez). Todo ello consta en las actas que se efectuaron al término de cada una de las jornadas de evaluación.

 

La denuncia también se extiende a los directivos de la firma ATOS ORIGIN ARGENTINA S.A. – BASE 100 S.A. UTE, adjudicataria de la  licitación pública, por una suma cercana a los $ 64.000.000, equivalente a  U$S 20.000.000 de ese momento.

 

Los delitos que se les imputa son la posible comisión de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales y encubrimiento.

 

En febrero de 2008 la “Comisión Informática” surgida de la “Segunda Conferencia Nacional de Jueces”, presentó el “Proyecto Informático” del Poder Judicial de la Nación que, a pesar de la difusión que le dio la Corte Suprema, mereció serias objeciones de parte del Banco Mundial; FORES; el Banco Interamericano de Desarrollo y el consejero Pablo Mosca, representante de los abogados del interior desde el 2006 al 2010, quienes señalaron que el plan era de muy baja performance tecnológica, de escaso impacto transformador, de alto costo económico y de muy rápida desactualización, detalla el escrito.

 

Ninguno de los mencionados en señalar serias objeciones, realizó ningún tipo de presentación impugnando u objetando el proceso licitatorio. Solamente la firma Equity Group Consultores SRL efectuó una presentación (Expte.50156/2011) que fue desestimada tanto en 1era como en 2da instancia por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. Uno de los asesores del consejero Dr. Pablo Mosca que se alude en la nota es el Dr. Adolfo Athos Aguiar; sería interesante investigar si existe alguna relación entre Athos Aguiar y el Dr. Luis María Santos (titular de la mencionada Equity Group Consultores). Coincidentemente el Dr. Aguiar porta el mismo apellido que la periodista del diario Perfil Natalia Aguiar (quien dio el punta pié inicial a las notas con el mismo argumento esgrimido por Athos Aguiar).

 

A pesar de las críticas la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura decidieron avanzar “raudamente” en la contratación que, estuvo claramente direccionada a favorecer a la empresa que resultó adjudicataria, explica Monner Sans.

 

El “raudo” proceso de adquisición del software se inicia en mayo de 2009. En abril de 2010 se llama a empresas interesadas en participar en una licitación a una presentación del borrador de Pliego de Bases y Condiciones, con el objetivo de recibir aportes y responder a consultas de las mismas respecto del producto a adquirir y la forma de contratación. De dicha jornada participan representantes de 6 empresas diferentes. Este proceso de consultas y aportes finaliza en Julio de 2010, quedando así plasmado el pliego definitivo, En Diciembre de 2010 se llama a Licitación Pública, la cual se adjudica en Octubre de 2011. Es decir, la “rauda” contratación se tramitó en 29 meses, con la más amplia participación, no solo de empresas, sino de organizaciones intermedias, Federación Abogados del Interior, gremio, Comisión Nacional de Gestión.

 

Mecanismo de evaluación: A fin de respaldar la transparencia del proceso y por la complejidad del mismo, el Pliego especificaba que el llamado se efectuaría con el sistema de doble sobre:

 

Sobre 1: Documentación Técnica. Se abría el día fijado para la apertura de la licitación.

Sobre 2: Oferta Económica. Se abría luego que fuera informado el resultado de la evaluación técnica y solo para aquellos oferentes cuyo resultado técnico superara un cierto puntaje mínimo en el mismo.

 

La adjudicación se realiza a la oferta que tenga el mejor puntaje técnico y el mejor precio, con un porcentaje del 60% y el 40% respectivamente. Para la evaluación técnica se efectuaron las presentaciones semanales por cada oferente, que fueran explicadas al comienzo.

 

“Las irregularidades del proceso licitatorio y la violación de las condiciones del  pliego por parte de ATOS ORIGIN ARGENTINA S.A. – BASE 100 S.A. (UTE) fueron más que evidentes, pero se zanjaron con la permanente convalidación de la Secretaría de Asuntos Jurídicos dirigida por Luis Alberto Devoto”, aclara el abogado, quien sostiene que la licitación estuvo “direccionada”.

 

Como se indicó anteriormente, no existieron impugnaciones ni presentaciones al proceso licitatorio por parte de ninguno de los oferentes, ni tampoco de terceros.< /strong> 

 

Explica Monner Sans que dos meses antes de esta contratación se llevó a cabo otra licitación pública, para adquirir licencias de bases de datos “Oracle” y, así, condicionar el oferente del software dejando al Poder Judicial con menos opciones en el mercado.

 

El pliego especificaba que el sistema debe funcionar sobre una base de datos relacional. Se valoraría especialmente que el PJN tuviera opciones sobre la base a utilizar, que una opción sea software libre y que una opción fuera Oracle.

 

Oracle es la marca más importante a nivel mundial en gestor de base de datos. Para su elección se solicitaron informes técnicos a universidades nacionales (Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Nacional de La Plata) sobre cuál era la base de datos presente en el mercado que más se adaptaba a las necesidades de una organización como el PJN: ambas opinaron de manera unánime y categórica en su recomendación.

 

El Poder Judicial de la Nación, como muchísimos otros organismos oficiales (AFIP, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ANSES por citar algunos), utilizan esta base de datos para sus aplicaciones; de hecho el PJN ya empleaba esta base para otras aplicaciones existentes y anteriores al sistema de gestión judicial licitado. Adicionalmente vale aclarar que TODOS los sistemas ofertados por TODOS los oferentes funcionan con Oracle como una de las alternativas posibles; esta característica ya había sido informada al PJN por las empresas en oportunidad del llamado a consulta previa, por lo cual no era un condicionante ni mucho menos limitante.

 

El sistema adquirido a ATOS ORIGIN ARGENTINA S.A. –  BASE 100 S.A. (UTE), es una versión mejorada del que originalmente proveyó la firma Unisys, antiguo sistema del fuero civil,  ya que sus desarrolladores eran antiguos integrantes de Unisys, explica el letrado.

 

El letrado está mal informado, el sistema instalado en el fuero Civil no fue provisto por la empresa Unisys, sino por la empresa TransTools/Sercobe.

 

Este sistema,  costó más de U$S 25.000.000, no sería el adecuado para la actividad de los fueros penal, laboral y seguridad social, por cuanto originalmente era un software pensado para el fuero civil.

 

Para Monner Sans, el Poder Judicial de la Nación habría “re comprado” el Unisys original que, con alguna variante, fue replicado en el resto de los fueros con resultados disímiles, es decir se pagó por un software que ya se poseía y que no funciona al día de hoy en forma satisfactoria en la mayoría de los fueros.

 

Se trata de un producto “reciclado” que ya era de propiedad del Poder Judicial de la Nación y por el cual los integrantes de la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático, continúan habilitando pagos a la empresa que actualmente está reclamando la suma de $ 35.000.000 más IVA, en concepto de restricción cambiaria, trabajos adicionales de desarrollo, capacitación y puesta en marcha del sistema ya realizados, variación de costos del proyecto.

 

El sistema que se instaló antiguamente en el Fuero Civil no puede siquiera ser comparado con el sistema adquirido en esta licitación. Tanto desde el punto de vista funcional como tecnológico se trata de dos cosas muy diferentes. Funcionalmente quizás las diferencias más visibles para un neófito se visualizan en los siguientes aspectos:

 

  1. Materia: Sistema Nuevo: es Multifuero, permitiendo el tratamiento integral de las causas para facilitar la visión global independientemente de la materia de que se trate.

 El sistema del Fuero Civil: contemplaba solamente las necesidades de dicho fuero.

 

Instancia: Sistema Nuevo: es multi-instancia, el mismo expediente judicial permite la intervención desde la 1era instancia hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sistema Fuero Civil: solamente permitía el tratamiento de los juzgados civiles de 1era instancia.

 

2- Numeración Única: en el sistema nuevo la identificación de las causas es unívoca para el cuerpo principal, agregados incidentes, etc. Dicha identificación también es única para todo el PJN. Desde el punto de vista tecnológico, ll sistema anterior era departamental (un servidor por edificio) mientras que el actual es con arquitectura centralizada (toda la información se encuentra centralizada en un Centro de Datos de máxima seguridad).

 

Dado el tiempo transcurrido entre uno y otro, tecnológicamente son dos realidades diferentes. Cualquier persona con un mínimo conocimiento tecnológico visualiza la diferencia. Es materialmente imposible – justamente por sus limitaciones tecnológicas – que el viejo sistema del Fuero Civil pueda manejar el volumen de información de todos los fueros y todas las instancias, de manera centralizada y en una sola base de datos. Esta realidad da por tierra el cuento de “re comprar” una “versión mejorada” del “mismo sistema con alguna variante”.

 

El único nexo que podría establecerse entre ambos sistemas es que algunos integrantes de la empresa proveedora del sistema actual, integraban años atrás la empresa proveedora del sistema antiguo. Así, la posible “ventaja” con que contarían sería – para la migración de datos del viejo al nuevo sistema - el conocimiento sobre la forma en que el viejo sistema almacena los datos; vale destacar que en las mismas condiciones “ventajosas” se encontraban también otras 2 empresas participantes de la compulsa; efectivamente, tanto Sistemas Jurídicos SRL como Unitech SA tenían sistemas de su propiedad instalados y funcionando en el Poder Judicial de la Nación (Lex Doctor e Iurix respectivamente) , por lo cual conocían la forma en que sus propios sistemas almacenaban los datos, simplificando así el proceso de migración al nuevo sistema que ofrecían cada una de ellas.  

 

Respecto de las cifras que se informan, el sistema de gestión judicial demandó - incluyendo los adicionales reconocidos por las autoridades - un total de 69 millones de pesos (no dólares), que llevado a la moneda americana, en cada uno de los pagos, no llega a la suma de usd 11.000.000.