A 24 años del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina en donde fallecieron 22 personas, se conmemorará a las 14.47, hora exacta del ataque, en la Plaza Embajada de Israel con el habitual sonido de la sirena que recuerda el estallido. 

 

El martes 17 de marzo de 1992 fallecieron 22 personas y otras 350 resultaron heridas, según la investigación de la Corte Suprema de Justicia que se hizo cargo de la causa por tratarse de un atentado contra una delegación extranjera.

 

El 24 de marzo de aquel año, el máximo tribunal judicial abrió el expediente 143/1992, en el que se reflejaron durante estos 24 años los resultados de una investigación que tuvo grandes períodos de parálisis y por la cual no hay ninguna persona detenida.

 

El principal contrapunto del caso es que para los investigadores de la Corte en el atentado no habría intervenido una "conexión local" mientras que para los familiares de las víctimas, y únicos querellantes, sí.

 

La primera de las teorías desarrolladas por el encargado de la investigación, el entonces ministro de la Corte menemista Ricardo Levene, fue la de que la explosión se había desarrollado en el interior del edificio, algo que finalmente fue desechado cuando se impuso la versión de que una camioneta cargada de explosivos fue estrellada contra la sede de la Embajada.

 

Cuando Levene murió en 2000, la investigación avanzó al pasar a manos del secretario penal de la Corte Esteban Canevari ya que éste determinó que la cantidad de muertos que había dejado el atentado habían sido 22 y no 29, número del que se hablaba hasta ese momento.

 

La camioneta -según la investigación judicial- había estado detenida en el estacionamiento que la firma Dakota S.A. regenteaba en Cerrito entre Juncal y Arroyo, calle por la que circuló hasta el edificio ubicado al 916, donde se hallaba la sede diplomática israelí, y ascendió a la vereda con sus dos ruedas derechas.

 

En 2006, y por impulso de los familiares de las víctimas, la Corte Suprema declaró la causa como "imprescriptible". "Nosotros queríamos que se considere el atentado como un delito de lesa humanidad, pero quedamos conformes con un fallo que ordenó que la investigación siguiera", dijo el año pasado la abogada Rita Janá, representante de la querella de los familiares junto al letrado Ignacio Irurzun.