La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo Federal declaró "ilegal y arbitrario" el sistema de selección de postulantes para empleo para 16 fiscalías de cámara en todo el país y anuló dicho concurso realizado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
El fallo fue firmado por los jueces Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira, con la disidencia de la jueza Claudia Caputi. El origen de la causa es a partir de la acción de amparo impulsada por Patricio Hughes, uno de los postulantes en el concurso de la Procuración General de la Nación.
Los camaristas expresaron que el sistema de designación dispuesto por Gils Carbó era por "simple nominación". Y agregaron: "Al suprimir el sistema de sorteo y retornar al mecanismo de designación de jurados en forma directa y discrecional por parte de la Procuradora General de la Nación, tal como lo establecía el artículo 5 del anterior reglamento violenta claramente el principio de progresividad de los derechos".
En consecuencia, el voto mayoritario dispuso invalidar las resoluciones que modificaron el sistema de reglamento para conformar los jurados de los concursos de la Procuración y anular "todo lo actuado" en el concurso de la Procuración.
Este concurso había sido convocado por Gils Carbó para la ocupación de nuevos cargos en el marco de la política institucional de democratización de la Justicia, más conocida como Justicia 2020.
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