En el marco del debate público recientemente generado en relación a los alcances del régimen de declaraciones juradas sobre el patrimonio de los funcionarios del Poder Judicial, la Asociación de Magistrados presidida por el Dr. Ricardo Recondo emitió un comunicado que, en primer lugar, aclara que los datos que puedan "comprometer la seguridad" deberían estar "garantizados con un régimen que exija la acreditación de un interés real y jurídicamente valioso para acceder a dicha información".

 

La asociación calificó de "inadmisible" la posibilidad de que se generen mecanismos que permitan la publicación de la información patrimonial dependientes de un órgano o departamento del gobierno federal.

 

"Resulta menester que cualquier reforma que sobre esta temática se pudiese proponer o impulsar compatibilice las expectativas de la generalidad con las especiales 
características, responsabilidades y exposición personal que resulta inmanente a la delicada tarea que nos compete por imperativo constitucional", cierra el comunicado. 
 
La diputada aliada del gobierno de Mauricio Macri, Elisa Carrió, había asegurado que está "mucho más amenazada por haber investigado que la Justicia Federal entera, y mi declaración patrimonial es pública, porque la imparcialidad y la independencia deben ser juzgadas a la luz de la transparencia de su vida pública y privada como sucede en cualquier país civilizado", dijo.
 

La semana pasada, Lilita protagonizó un fuerte cruce con el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, tras un pedido para conocer las declaraciones juradas de los tres integrantes del máximo Tribunal de nuestro país. El ministro de la Corte le respondió en durísimos términos y ella adelantó que pedirá su juicio político.