El Consejo de la Magistratura de la Nación está viviendo por estos días una tensión entre los diferentes bloques políticos para reemplazar a la escribana del cuerpo, Susana Berterreix, con una extensa carrera dentro del cuerpo y que este año dejará el cargo.
La noticia de la jubilación de la funcionaria a partir del 1° de Julio desató una feroz interna entre las distintas facciones. Los propuestos para sucederla son José Francisco Elorza, José Luis Pivetta, Luis Molinari Romero, Mariano Pérez Roller y Claudio Martucci. La decisión se debe tomar en los próximos días.
Una tormenta de intrigas y zancadillas se ha desatado en el seno del Consejo de la Magistratura desde que la Secretaria General, Susana Berterreix, a quien ya le salió la jubilación el año pasado, pero un expreso pedido de algunos consejeros afines seguirá en el cargo hasta julio. Se trata de una funcionaria que si bien pasó inadvertida, su competencia encubre un poder inconmensurable ya que ejerce la escribanía de la Magistratura.
Fue designada en ese cargo a instancias del ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda, ya que su esposo, Alejandro Ghiglioni, es Secretario Letrado y amigo personal del magistrado. El reemplazo del cargo ha generado tensión entre las diversas fracciones que conforman el órgano.
En el variopinto oficialismo se sacan chispas los sectores que, no obstante su aparente alineación con el gobierno macrista, no pueden evitar poner en evidencia la puja de intereses que los desangra y enfrenta.
El ala que responde al Presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, motorizado por Claudia Levín, Secretaria de la Escuela Judicial, y señalada por los opositores como su operadora “todoterreno”, busca posicionar a dos candidatos, ninguno de los cuales tendría méritos suficientes para acceder al cargo, aseguran fuentes destacadas.
Se trata de José Francisco Elorza quien fue repuesto al frente de la Secretaría de la Comisión de Selección de la que había sido desplazado, durante casi dos años, por un confuso episodio vinculado a la sospechosa pérdida de las claves alfabéticas de los exámenes para cubrir vacantes en la justicia federal de La Plata y que diera lugar a una causa penal, luego archivada, sin que se abriese sumario administrativo por su presunta responsabilidad.
Son muchos los que también recuerdan la “escabullida” del secretario Elorza para no sentarse a la mesa del plenario del 4 de diciembre de 2012, para reemplazar a Berterreix que estaba de licencia. En ese momento, en plena crisis por la aplicación de la ley de medios, y luego de más de diez horas de espera, se levantó la convocatoria por falta de quórum. Sin embargo, la copia del acta a la que accedió en forma exclusiva este medio se advierte que estaban presentes los siete miembros necesarios para sesionar (imagen 1).
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En esa oportunidad, el acta debieron firmarla dos funcionarios de segunda línea de la Secretaría General, porque Elorza “no se animaba a ponerse en contra al kirchnerismo”, según destacaron los memoriosos presentes ese día a Tiempo Judicial.
El otro bendecido por la Corte es José Luis Pivetta, integrante del Cuerpo de Auditores del Consejo, quien también fue restituido a su cargo luego de haber sido desplazado en marzo de 2015 por la manifiesta inoperancia del organismo.
En ese momento, encontró refugio y protección en la vocalía del actual Presidente del Consejo, Miguel Piedecasas, hombre de máxima confianza de Lorenzetti con quien compartiría negocios editoriales.
Por su parte, el Senador radical, Ángel Rozas, promueve al ex auditor Luis Molinari Romero, desplazado –como Pivetta- del Cuerpo de Auditores y denunciado penalmente por supuesto encubrimiento, por el abogado Ricardo Monner Sans, por ser co-autor, junto con Jorge Meydac, de un dictamen exculpatorio de funcionarios de la Dirección General de Infraestructura Judicial, comprometidos en irregularidades en la contratación de obra pública en la que se investigan sobreprecios y dobles pagos. Esta causa tramita ante el Juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral.
Por el estamento judicial, la Lista Bordó de la Asociación de Magistrados, promueve al abogado Mariano Pérez Roller, ladero y fiel servidor de los sucesivos representantes de esa facción. Tanto del ex camarista de Casación, Luis María Cabral, durante su período como consejero desde el 2006 al 2010, y en la actualidad, como del camarista federal civil y comercial, Ricardo Recondo durante la etapa del 2010 al 2014.
Según explican sus colegas, a pesar del discurso pro-macrista, Pérez Roller, al igual que Cabral, supo tejer hilos con el kirchnerismo. Así, logró su efectivización en el cargo de Secretario Letrado al que accedió sin los antecedentes necesarios según la ley.
Pérez Roller, apoyó la iniciativa kirchnerista y en el 2014 participó de la redacción de los reglamentos de concursos y subrogaciones (aprobados por las Resoluciones CM Nos. 7/14 y 8/14), que permitieron la designación de jueces efectivos y de jueces subrogantes afines al oficialismo de entonces en todo el país durante el 2015, año electoral.
Tiempo Judicial accedió a la documentación que lo efectiviza (Resolución CM No. 240/201) y se puede observar firma del entonces representante del Poder Ejecutivo, Julián Álvarez. Pérez Roller la manejó en persona con tal urgencia que los datos del expediente están en blanco. (Imagen 2).
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Pablo Esteban Garcilazo, señalado por la oposición como “operador” afín a la Corte, integra la vocalía del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo. Apoya a los candidatos del Máximo Tribunal.
Con más de cincuenta años, Garcilazo, es un hombre con historia. Integró en los noventa el “Grupo Alderete” ya que se desempeñó como Subsecretario General del PAMI en la gestión de Víctor Alderete a quien también acompañó en la intervención del Instituto de Servicios Sociales Bancarios.
Fue sucesivamente involucrado en causas seguidas por el entonces juez federal, Adolfo Bagnasco, quien lo procesó como integrante del área directiva del PAMI, al haberlo encontrado responsable de haber instalado “prima facie” , junto a otros funcionarios, un organigrama interno que permitió la eliminación de los mecanismos de control y facilitó contratos con prestadoras, con las cuales se habría obligado abusivamente al PAMI.
También fue procesado por el juez federal, Claudio Bonadío, en el marco de una investigación que se impulsó a partir de una denuncia del abogado Monner Sans.
En la causa se determinó que se publicaron 6.000 ejemplares de un libro titulado “PAMI Una Transformación necesaria” a un costo de U$S 80.000, con fondos del instituto. Sorteó varias dificultades judiciales, hasta que el ex Consejero Alejandro Fargosi, lo contrató en su vocalía por escasos siete meses y medio, según surge de la documentación a la que tuvo acceso este portal. (Imagen 3)
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Finalmente, el Diputado Nacional Gustavo Valdés, promovería al actual Secretario de la Comisión de Admini
stración y Financiera, Claudio Martucchi. Sin embargo, no contaría con los siete votos necesarios para ser designado ni cumple con el requisito de ser personal efectivo del Poder Judicial de la Nación.
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