El pasado 18 de octubre tuvo dictamen en la Cámara de Diputados el proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal que acota el mandato del/la procurador/a general a cinco años, lo que desplazaría a Alejandra Gils Carbó y removería a casi todos los titulares de las procuradurías y unidades especializadas que ella nombró, al poner un requisito de antigüedad como fiscal de un mínimo de cinco años, que la mayoría no tiene.
El organigrama propuesto dejó afuera a la Unidad especializada en Violencia contra las mujeres, que investiga femicidios (UFEM) así como a la Dirección General de Derechos Humanos. El Frente para la Victoria y los partidos de izquierda cuestionaron. Abuelas de Plaza de Mayo presentó una carta de rechazo.
Desde el colectivo Ni una Menos expresaron su rechazo al proyecto vía Facebook y dijeron que la reforma del Ministerio Público Fiscal es una "propuesta del gobierno actual que avanza sobre su autonomía como una topadora, arrasando conquistas fundamentales en el terreno de la justicia y los derechos humanos".
Para el colectivo, el proyecto perjudica la estructura de una institución central para la vigencia del propio estado democrático y pone en riesgo un cuerpo de trabajadores y trabajadoras formadxs en la investigación de distintos tipos de delitos.
Para la titular de la UFEM, Mariela Labozzetta, "el proyecto de reforma del Ministerio Público no contempla en ningún lugar la creación de una Unidad especializada pese a que se modifica el capítulo específico de la ley anterior, en donde se regulaba la creación de procuradurías especializadas de narcotráfico, de criminalidad económica, de trata de personas, pero no se incorpora en ningún momento ninguna unidad especializada que trate violencia de género".
"El intento de reemplazar a la Procuradora General por medio del avasallamiento del Ministerio Público Fiscal, sin los recursos ya existentes como el juicio político, se presenta como un acto inconstitucional. La intervención del poder Ejecutivo en los jurados que deben elegir fiscales le da competencias sobre el organismo y sobre su política de investigación criminal que, junto con otras irregularidades, pone en suspenso la independencia de los fiscales. Lejos de defender la independencia del Ministerio Público Fiscal, esta reforma la hace peligrar. Paradójicamente, el argumento del gobierno para desprestigiar la procuración era su “politización”, característica que, de avanzar en la reforma, quedará como marca indeleble", dice el comunicado de Ni una Menos.
Y por último exigen que se detenga el avance del proyecto en la Cámara de Diputados porque "no menciona en ningún momento la política contra la violencia machista ni garantiza la continuidad de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de personal especializado, bajo la estructura en la que se viene desarrollando hasta ahora".
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