La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito al juez federal Julián Ercolini en los tribunales de Comodoro Py por la causa por presunto fraude en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

 

Fernández de Kirchner dijo que “es una maniobra formidable de persecución política” la acusación de integrar una asociación ilícita con el ex presidente Néstor Kirchner.

 

La ex mandataria pidió la nulidad de su indagatoria y la inhibición de sus bienes y aclaró que ello no significa la detención de la investigación en absoluto. “Desde ya señalo que la sanción de nulidad reclamada de manera alguna busca detener la investigación de los hechos denunciados sino todo lo contrario: que se efectúe un análisis completo, objetivo y legítimo de la totalidad de la obra pública que fuera realizada durante los gobiernos que presidiéramos el Dr. Néstor Carlos Kirchner y la suscripta”, dice el documento redactado por el abogado de CFK, Carlos Beraldi.

 

El documento explica que en el ránking de obra pública efectuada con recursos nacionales que asciende a la suma de U$S 107.825 millones, el Grupo Austral ocupa el número 38. Fernández de Kirchner calificó de “curioso” que numerosas empresas que se encuentran en los primeros lugares del ranking tiene vínculos “no ya de amistad sino de parentesco directo con el actual Presidente de la República –el caso de IECSA, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo hermano del Presidente y tercero en el ranking-  sino que  muchas  de ellas aparecen en varias jurisdicciones y en distintos tipos de obra”.

 

"No soy amiga ni socia comercial" de Báez, dijo la ex Presidenta al juez federal Julián Ercolini, en una exposición que duró media hora.

 

En cuanto el pedido de indagatoria de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, Beraldi expresó: “La terminología utilizada, las consideraciones respectivas propias de una postura política que siempre ha despreciado los gobiernos populares y, fundamentalmente, la construcción de criterios de imputación que repugnan los principios más esenciales del Estado de Derecho, son las primeras consideraciones que saltan a la vista para cualquier observador imparcial; bastaba solamente con algo de lógica y sentido común”.

 

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“Existe aquí la expresión más clara y contundente de una persecución mediática y judicial a través de la cual se pretende relacionarme con hechos que no encuadran en ningún artículo del Código Penal, pero que los fiscales afirman que son delitos, en un claro intento para justificar dejarme al borde de una medida extrema como la detención preventiva, que luego llene la tapa de los diarios y noticieros, ocultando la verdadera gravedad del presente en materia económica y social”, sentenció la ex presidenta sobre los fiscales.

 

Y añadió una vez más: “Estas decisiones no son actos judiciables y que no pueden ni un fiscal ni un juez ponerse a cuestionar cuánto y cómo se invierte, si es en una obra vial o no o si se realiza en una u otra provincia. Estas decisiones forman parte de áreas reservadas al poder político, máxime cuando son determinadas por leyes sancionadas por el Congreso de la Nación anualmente en la “ley de leyes” que es el presupuesto nacional”.

 

“Nunca hemos sub-ejecutado presupuestos, porque nunca hemos subgobernado”, dijo la ex mandataria.

 

Por último, la ex presidenta aseguró que la causa judicial en su contra busca "la difamación, proscripción y estigmatización de un movimiento político" e indicó que "existe una "persecución judicial de todos aquellos candidatos que pueden poner en riesgo los resultados de las próximas elecciones legislativas”.