Luego de la polémica por los dichos del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien sostuvo que durante la última dictadura militar "no hubo un plan sistemático para hacer desaparecer" personas, la diputada nacional por el Frente para la Victoria Nilda Garré presentó un proyecto de ley para incorporar al código penal, mediante un artículo, la sanción del negacionismo.
"Será reprimido con prisión de seis meses a dos años y con multa de 10.000 a 200.000 pesos quién públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad", indica la iniciativa de Garré. La pena se agrava si el responsable del ilícito es un funcionario público, con penas de uno a cuatro años.
Además, el proyecto indica que los recursos recaudados a través de las multas serán destinados a instituciones sin fines de lucro dedicadas a la investigación y lucha contra el genocidio y crímenes contra la humanidad.
La presentación del proyecto hace mayor eco a partir de las declaraciones negacionistas de Gómez Centurión, que relativizó el número de desaparecidos y dijo: "No es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras". Lo que generó el repudio de todo el arco opositor y el despegue de la Casa Rosada de la postura del titular de la Aduana, quien pidió disculpas en un comunicado pero no se retractó.
El actual titular de la Aduana no es el único funcionario de Cambiemos que hizo declaraciones por el estilo. El hasta hace unos días titular del Teatro Colón en la Ciudad de Buenos Aires y ex ministro de Cultura, Darío Lopérfido dijo que la cifra de 30 mil desaparecidos era “una mentira que se construyó en una mesa para obtener subsidios por parte de los familiares de las víctimas”.
"Estos dichos no solo hieren susceptibilidades de personas que han padecido las consecuencias del plan sistemático de terror o de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, sino que significan una clara negación de nuestra historia reciente y atentan contra lo dictaminado por la justicia argentina", apuntó la diputada.
La diputada detalla algunos ejemplos de experiencia internacional comparada de legislación que castiga la promoción y negación de los genocidios y crímenes contra la humanidad, particularmente el genocidio practicado por el nacional-socialismo en Europa durante la Segunda Guerra mundial.
En Austria, la ley conocida como "Verbotsgesetz" prohíbe la negación del holocausto nazi y establece: "Quien en forma impresa, en otros medios de comunicación, o de otra forma que hiciera accesible a mucha gente, negara, menospreciara, condonara, o tratara de justificar el genocidio nazi u otros crímenes nazis contra la humanidad será castigado con 1 a 10 años de prisión".
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