El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref) y el Colectivo por la Diversidad (Copadi) presentaron un recurso de amparo para que la Justicia declare inconstitucional el decreto con el que el presidente Mauricio Macri modificó la ley de Migraciones.
El 30 de enero Macri modificó a través de un decreto la Ley de Migraciones para restringir el ingreso y acelerar la deportación de extranjeros con condenas privativas de libertad o con antecedentes penales.
Las organizaciones adviertieron a la Justicia que el DNU afecta las garantías y los derechos de los ciudadanos que nacieron en otro país y habitan la Argentina y que el Gobierno modificó la norma “creada en base a un fuerte consenso” mediante un decreto “sin razones que justifiquen su necesidad y urgencia”, sostuvieron referentes de esos colectivos.
Entre las razones que se esgrimaron en el recurso, los accionantes explicaron que debe ser declarada nula la modificación que reduce el tiempo que esa persona tiene para defenderse en caso de que esté en riesgo de ser echado del territorio “por lesionar el conjunto de garantías mínimas del debido proceso legal, el derecho a la protección judicial efectiva y al acceso a la justicia así como el derecho a la igual protección de la ley y a la no discriminación y el derecho a la libertad ambulatoria”.
El decreto vulnera de forma directa el derecho a la defensa, el director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, Diego Morales, “ya que la nueva reglamentación indica que los migrantes tendrán apenas tres días para interponer un recurso contra la orden de expulsión y tres días para impugnar en el Poder Judicial la resolución que rechace su recurso administrativo”.
“Además, para agravar más la situación de indefensión, el DNU obliga a presentar el recurso judicial por escrito, fundado y con patrocinio letrado”, señaló Morales al observar que esto perjudica a los extranjeros con menos recursos económicos.
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