El jefe de Gabinete, Marcos Peña , defendió en el Senado la política económica del Gobierno nacional y presentó un análisis detallado de la tarea del gobierno en el plan "Argentina sin Narcotráfico".
Recordó que ese documento fue suscripto por "los poderes judiciales y legislativos de la Nación y también por los gobernadores", y remarcó que "es un primer paso que se dio para articular políticas en todas las áreas del Estado". "Sin ello sería imposible llevar adelante la lucha contra este flagelo", afirmó.
Peña puso de relieve que con el nuevo esquema se avanzó en la "coordinación operativa" de las fuerzas de seguridad federales y provinciales con el fin de "controlar a lo largo y ancho del país rutas, pasos fronterizos, aguas continentales, ríos navegables, pueblos y ciudades". Dijo que se creó "un enfoque dinámico para luchar contra el crimen organizado, priorizando los esfuerzos de seguridad urbana".
El jefe de Gabinete indicó luego que, comparando los primeros seis meses de 2017 con igual período del año pasado, aumentaron un 7 por ciento los niveles de incautación de marihuana, un 130 por ciento los de cocaína y un 170 por ciento los de drogas sintéticas y semi-sintéticas.
Peña señaló que a partir de la aplicación de la ley de Flagrancia se acortó notablemente la duración de los procesos judiciales con causas que antes llevaban dos años de ejecución y que ahora se sustancian en 30 días.
"Creemos que este es un cambio absolutamente revolucionario, como habíamos planteado en su momento, porque permite la posibilidad de que se aplique la Justicia en tiempo real y que no se generen los letargos eternos", afirmó.
Mencionó, además, toda la tarea realizada para mejorar la capacitación y la formación de los efectivos de las fuerzas de seguridad y la inversión en tecnología para dotarlos del más moderno equipamiento.
Se refirió también al despliegue de fuerzas federales en zonas de alta complejidad delictiva de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe y destacó particularmente el caso de Rosario, donde se redujeron las tasas de homicidios en un 36 por ciento y de robos calificados en un 42 por ciento.
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