Tras la intervención judicial del sindicato de Canillitas, la central sindicial lanzó un duro comunicado en el que rechazó la decisión del juez Martínez de Giorgi de intervenir el gremio y acusó al Gobierno de "persecución gremial" en lo que se avizora como nuevo cruce con la administración Macri.

 

El diputado nacional y secretario general del sindicato de los canillitas, Omar Plaini, fue desplazado de su cargo e intervenido por decisión de la justicia federal al ser procesado por la presunta comisión del delito de uso de documento público falso. La denuncia la realizó hace casi cuatro años una lista opositora en su gremio por irregularidades en los comicios internos. 

 

La falsificación que se le achaca a Plaini es la de las firmas de supuestos asistentes a la asamblea extraordinaria de 2013 en la que se convocó a elecciones para el actual período que encabezaba el legislador en la conducción del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires (SIVENDIA). Así surge de una resolución firmada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ).

 

La distancia entre la central obrera y el Gobierno no es una novedad y sumó un nuevo capítulo la semana pasada cuando se cayó la reunión del Consejo del Salario. Los gremios pedían que el salario mínimo vital y móvil se ubique en torno a las $15.000 pero ante la falta de acuerdo, el Ministerio de Trabajo decretó que el mínimo será de $ 10.000 generando una catarata de críticas del triunvirato.

 

Conocida la intervención del gremio que comanda Omar Plaini, actual diputado nacional por el Frente para la Victoria, la CGT anticipó que denunciará en la OIT (Organización Internacional del Trabajo) la intervención al considerar que "esconde objetivos políticos" y vincularla con una presunta "persecución gremial por parte del Gobierno nacional". 

 

Ayer, el magistrado del juzgado federal 8 de Comodoro Py dispuso el allanamiento del gremio, sumado al del estudio de abogados de Plaini, y al secuestro de la totalidad de las fichas de afiliación pertenecientes a cada uno de los afiliados del sindicato; del registro de asistencia original a la Asamblea Extraordinaria del día 25/07/2013 y del padrón electoral utilizado en cada una de las mesas donde se emitió el sufragio, en el que deben constar las firmas de los afiliados como constancia de votación.

 

Ahora el Ministerio de Trabajo, a través de los interventores, convocará a un nuevo proceso eleccionario, según surge de lo ordenado por el juez.

 

Respuesta de la CGT al día siguiente

 

"Instamos al juez federal, a las autoridades del Ministerio de Trabajo y al Poder Ejecutivo Nacional a que cesen en la intervención del gremio y, como viene sucediendo en tantos otros casos, la persecución a dirigentes gremiales", pidió la CGT en un comunicado que difundió con la firma de los tres integrantes de la conducción, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña.

 

En ese sentido, la entidad de la calle Azopardo adelantó que procederá "a la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo". "Entendemos que la causa iniciada en el año 2013 es una excusa que esconde tras de sí objetivos políticos y, especialmente, persecución gremial por parte del gobierno nacional", se quejó la central obrera.

 

Al respecto, remarcó que "el inmiscuirse en la vida interna del gremio por parte de un juzgado federal enarbolando incumplimiento de la ley de Asociaciones Profesionales no sólo está fuera de su órbita de acción sino que ejerce violencia institucional sobre la representatividad de los trabajadores canillitas que eligieron sus autoridades en el marco de la ley que los regula".

 

"Los síntomas propios de un ataque a la institucionalidad sindical y, con ello, al modelo de representatividad de los trabajadores argentinos suma un nuevo capítulo al que está Confederación rechaza en todos sus términos y procederá por ello a la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo", finalizó el comunicado.

 

Fallo de Martínez de Giorgi que dispuso allanamiento

 

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