El juez Claudio Bonadio, titular del juzgado federal 11, dispuso este lunes el procesamiento del diputado del Frente para la Victoria, y ex mega ministro de Planificación y Obras Públicas de Cristina Kircher en el marco de una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para gasoil de líneas de colectivos, y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1.000 millones de pesos.
El magistrado también procesó a Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, a quienes dispuso embargo por sumas de hasta 900 millones de pesos.
Según la resolución, “se imputa a Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro, en sus condiciones de interventores de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte; Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ariel Ramos, en sus condiciones de Secretarios de Transporte; y Julio Miguel De Vido, en su condición de Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, haber intervenido en el hecho que se detalla a continuación, que ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de aproximadamente seiscientos nueve millones trescientos veintiséis mil ciento ochenta y seis pesos, con veinticinco centavos ($ 609.326.186,25)”.
“Los imputados ocuparon los cargos públicos referidos por los siguientes períodos: Roque Guillermo Lapadula, del 06/06/2003 al 09/02/2004; Pedro Ochoa Romero, del 09/02/2004 al 10/12/2007; Antonio Eduardo Sícaro, del 11/12/2007 al 15/08/2012; Ricardo Raúl Jaime, del 25/05/2003 al 01/07/2009; Juan Pablo Schiavi, del 01/07/2009 al 07/03/2012; Alejandro Ariel Ramos, del 07/03/2012 al 10/12/2015 y Julio Miguel De Vido, del 25/05/2003 al 10/12/2015”, agrega.
Además, señala que “durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían.
A tal fin, diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
“Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes. La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014”, añade.
bonadio
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