"No lo podría aceptar, es inconstitucional", aseguró la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, cuando fue consultada en diálogo con Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos por el rumor de que el presidente Mauricio Macri podría destituirla de su cargo mediante un decreto.
"La única manera de destituir a la procuradora es con las mayorías parlamentarias. No sería la primera vez que me citen a una indagatoria", dijo sobre la posibilidad de ser citada a indagatoria en una causa judicial que investiga la sospechosa compra de un edificio en la calle Perón, donde hoy funciona la Procuración General de la Nación.
Además agregó que "no puede desatender el rol que le impone la Constitución ante las presiones que se ejercen sobre la Justicia. Y aseguró que desde el gobierno "quieren poner a alguien de su confianza".
En caso de que Macri utilice un decreto para destituirla, Gils Carbó "iniciará acciones legales". "No puedo acatar un acto de esa invalidez porque expondría a los fiscales a que también fueran destituidos por decreto y por qué no los ministros de la Corte, si las leyes nos asimilan en todos nuestros regímenes", dijo.
Cuando fue consultada por su participación en Justicia Legítima dijo: "No tengo vinculación política con el kirchnerismo. Fui examinada durante seis horas por los senadores que votaron en un 93% mi designación. Encontraron garantías de independencia".
"No soy militante de ningún partido, siento rechazo y desilusión cuando algún periodista me llama la enemiga del Gobierno. Es algo que se pretende instalar. No soy enemiga ni opositora, tengo que cumplir un rol que establece la Constitución que es defender los derechos de las personas y la Constitución", agregó.
Gils Carbó está imputada en la causa que investiga la compra del edificio de la Procuraduría. "Reconozco que hubo irregularidades porque separé a un funcionario", dijo la la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal. Se sospecha que hubo un pago de una comisión de 3 millones a un pariente de ese funcionario por asesorar al oferente en la licitación.
A pesar de reconocer las irregularidades, Gils Carbó agregó: "Se está intentando crear una sospecha de corrupción en la procuradora para justificar el desplazamiento con modos ilegales e inconstitucionales, porque no han tenido las causales ni votos para un juicio político. Hay que investigar qué irregularidad hubo en la compra de (el edificio) de Perón y lo que más quiero es un pronunciamiento".
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