Asociaciones de derechos y justicia manifestaron "preocupación por el intento de remoción" de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, frente a las recientes declaraciones de referentes del oficialismo nacional con respecto a la posibilidad de iniciar un procedimiento de destitución por decreto. 

 

La Asociación Pensamiento Penal (APP), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), dijeron que la destitución de Gils Carbó por decreto implicaría un "inaceptable avasallamiento institucional" sobre el Ministerio Público Fiscal y una "violación al principio de división de poderes.

 

En caso de que el Ejecutivo removiera a la Procuradora mediante un decreto, para estas asociaciones, sería una "burla" al artículo 120 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que establece la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal y preveen un procedimiento especial para la remoción del cargo que ocupa Gils Carbó desde el 29 de agosto de 2012. 

 

"La trascendental función del Ministerio Público Fiscal como órgano encargado de la política criminal del país está resguardada constitucionalmente a través de la  independencia y autonomía del organismo, que no pueden ser quebrantadas por una decisión discrecional del Poder Ejecutivo Nacional. Dichas garantías no fueron un capricho del constituyente, sino herramientas necesarias para asegurar la eficacia de la persecución penal y la transparencia del sistema penal en su conjunto", aseguran. 

 

Para estas asociaciones, "la solución de los evidentes problemas de la Justicia Penal Federal requiere de cambios urgentes en el actual modelo arcaico, oscuro e ineficaz de administración de Justicia".

 

Y advirtieron: "Aún se encuentra pendiente la implementación de la reforma procesal penal aprobada por el Congreso de la Nación hace más de dos años e instamos a los actores responsables a ponerla en marcha cuanto antes. Es esa y no otra la forma de lograr un sistema penal más independiente, transparente y eficaz".