“El Poder Ejecutivo intenta cerrar la causa principal de AMIA y salvar a los diputados amigos del poder en el juicio de encubrimiento”, dijo la referente de Memoria Activa Diana Malamud, en el acto organizado por esa asociación civil que lucha por el esclarecimiento del atentado a la AMIA que causó la muerte de 85 personas.
Se cumplieron 23 años del 18 de julio de 1994, cuando a las 9.53 una explosión causó la muerte a 67 personas que estaban en el interior de la sede de la mutual judía y a otras 18 que transitaban por la por la zona. Actualmente, la investigación por el atentado está a cargo del juez Sebastián Ramos, del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de Capital Federal.
“Estamos sumamente preocupados por cómo quieren llevar adelante el juicio en ausencia que están promoviendo desde el gobierno porque nos parece que va a ser una manera de cerrar la causa”, dijo La referente de Memoria Activa dijo a Tiempo Judicial, sobre la posibilidad de que se desarrolle el juicio a los sospechosos iraníes sin su presencia en el juicio oral.
En ese sentido, durante el acto, Malamud apuntó contra Mario Cimadevilla, el ex senador de Chubut y actual titular de la Secretaría Especial de Investigación del Atentado a la AMIA del Ministerio de Justicia, designado por el presidente Mauricio Macri. “La condena a seres invisibles no proporciona verdad ni justicia. Es un nuevo armado con la finalidad de cerrar la causa AMIA sin ningún preso ni responsable”, aseguró.
Malamud hizo referencia al decreto 229 de abril de 2017 que lleva la firma del presidente Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y del ministro de Justicia, Germán Garavano que establece “la entrega y el traslado de la totalidad de la documentación, informes y archivos” sobre la causa AMIA a la Unidad dirigida por Cimadevilla. “Van a quedarse con todos los archivos de inteligencia de la causa con el objetivo de impedir que las partes tengamos acceso a esa información”, advirtió.
También hizo hincapié en las irregularidades en la investigación del atentado y nombró alguna de las consecuencias más recientes: la aparición de una muestra de ADN que no corresponde con ninguna de las víctimas. “¿Cómo puede ser que se tardaron 23 años en realizar las pruebas de ADN que Memoria Activa solicitó una y otra vez durante este tiempo?”, se preguntó Malamud. Y agregó: “Recién ahora están haciendo a conciencia la reconstrucción del atentado, tengamos en cuenta que es 23 años después”.
Malamud remarcó que durante 11 años "nadie investigó”. En 2003 el juez a cargo de la investigación, Juan José Galeano, declaró nula la causa por el atentado. Carlos Telleldín, sospechado de ser el entregador de coche bomba que se utilizó en el atentado, fue el único detenido en la causa desde 1994 hasta 2004 que fue absuelto por Galeano junto con el resto de los acusados de la llamada “conexión local”.
Diana Malamud. Foto: Memoria Activa.
A partir de la separación del juez Galeano de la causa AMIA, se creó en 2004 la Unidad Fiscal AMIA, a cargo del fallecido fiscal Alberto Nisman. En 2014, Memoria Activa en el acto por los 20 años del atentado pidió la remoción del fiscal Nisman por “su total incapacidad” para investigar, en palabras de Malamud. Actualmente, la UFI-AMIA está a cargo de los fiscales Roberto Salum, Leonardo Filippini, Santiago Eyherabide.
El Tribunal Oral N° 3 ordenó investigar las irregularidades cometidas durante la instrucción por ex presidente Carlos Menem, el ex secretario de inteligencia del Estado Hugo Anzorreguy, el ex juez de la causa, Galeano y los fiscales de instrucción Eamon Mullen y José Barbaccia. “Existieron maniobras de encubrimiento desde lo más alto del poder para cerrar la causa con culpables falsos, hicieron todo lo que pudieron para que jamás sepamos quiénes, cómo y por qué volaron la AMIA”, enfatizó Malamud.
En 2015, por pedido del juez Ariel Lijo, el Tribunal Oral en lo Federal N° 2 (TOF 2) inició un primer tramo del juicio oral por el encubrimiento e imputó a los responsables de obstruir la investigación. Malamud recordó que la justicia tardó dos años en conformar el tribunal para el juicio de encubrimiento “ya que 13 jueces se excusaron alegando que eran primos, compadres o padrinos de la gran cofradía judicial”.
El nieto de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Guillermo Pérez Roisinblit, expresó el apoyo de la asociación a Memoria Activa y a los familiares de las víctimas del atentado y dijo: “Nuestras luchas se aúnan en la impunidad que tienen los victimarios y en las décadas de negligencia del Poder Judicial que nos lastiman”.
Para la periodista Irina Hauser es “un hito” que miembros tan altos de la cúpula del poder fueran imputados por encubrir la causa del atentado, pero que “no cotiza en la agenda mediática dominante por su alianza con el poder político”. Y agregó: “La agenda que predomina es la que colabora con la construcción de la impunidad”.
Por último, la directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky, afirmó que con el trabajo conjunto de la UFI AMIA y el juicio por encubrimiento “se sabe mucho más” y agregó que “los juicios construyen verdad”. “Esperamos que el TOF 2 dicte una condena reparadora a los encubridores y aporte más verdad y justicia”, dijo.
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