A partir del 1 de abril comenzó la obligatoriedad del uso de medios electrónicos como formas de pagos a comercios, empresas, profesionales y monotributistas que vendan productos y servicios al consumidor final (conf. Ley 27.253 y Dto. 858/16). Ante esta resolución el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) manifestó su preocupación ante la inclusión “a todas luces incorrecta” a los profesionales del Derecho y otras Ciencias Universitarias en este régimen. 

 

"No existe ni el más mínimo atisbo de duda de que los servicios que prestamos los Abogados y otros Profesionales Independientes no son de carácter masivo, muy por el contrario lo son de carácter individual y, la mayoría de las veces brindado a medida de cada uno de nuestros clientes. Solo insinuar que "venderíamos nuestros servicios" constituye una afrenta a toda la familia de la Abogacía Argentina", señaló el Colegio. 

 

En ese sentido, agregó que "los servicios que brindan los profesionales independientes se hacen ante cuestiones puntuales y a requerimiento del cliente”, es decir, que no existe el ofrecimiento directo. "De hecho, en muchos Colegios y Consejos Profesionales de existir ese ofrecimiento si no se adecuara a determinados protocolo, constituye falta ética grave", expresó.

 

Por último, el Colegio presidido por Jorge Rizzo pidió a las autoridades nacionales que "de inmediato comuniquen a la sociedad en su conjunto que los profesionales independientes se encuentran fuera de esta normativa". "De lo contrario resultaría una situación ilegal e inequitativa que pulverizaría el acceso a la justicia de los más vulnerables y, el inalienable Derecho Constitucional de Trabajar consagrado por los arts. 14 y 14 bis de nuestra Constitución Nacional y Convenciones Internacionales que el país es parte", agregó.