Luego de una maratónica sesión de más de 12 horas, la oposición logró darle media sanción en la Cámara de Diputados a la ley que frena los "tarifazos" con 133 votos afirmativos, 94 negativos y 3 abstenciones. El proyecto fue girado al Senado; de aprobarse allí el presidente no descarta un posible veto.
El proyecto prevé que la actualización de las tarifas no supere a la variación salarial para los usuarios residenciales, y en el caso de las pymes a la variación del índice de precios mayoristas -sólo para las de consumos medios y bajos-. La futura ley sólo alcanzaría a los servicios de concesión nacional, y las provincias podrían adherir. Otro de los puntos centrales es el que retrotae los valores a noviembre de 2017.
La iniciativa contó con los votos favorables del Frente Renovador, del interbloque Argentina Federal y del Frente para la Victoria-PJ. El interbloque Cambiemos votó en contra mientras que la Coalición Cívica se ausentó. Las tres abstenciones fueron del bloque de Martín Lousteau.
Del proyecto se eliminó el punto que planteaba la rebaja del IVA en las facturas del 21% al 10,5%. Por tratarse de un impuesto coparticipable, esa reducción había sido muy cuestionada por gobernadores. Y en el radicalismo advertían sobre un costo fiscal de 49.300 millones de pesos sumando 2018 y 2019.
También se amplió el espectro de beneficiarios de la tarifa social -se incluyó, por ejemplo, a los clubes de barrio-, y se eliminó el tope de aumentos para el transporte automotor (colectivos) y peajes.
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