Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia procesaron al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y confirmaron la acusación sobre los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, así como la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini en la causa en la que se investiga el desvío de fondos de la fundación Sueños Compartidos que construí viviendas sociales con fondos públicos. También confirmó el proceso de 10 personas más.
En la causa se investiga el desvío de fondos de más de 200 millones de pesos entregados por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para la construcción de viviendas sociales a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a través del programa "Sueños Compartidos". Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender fueron acusados del delito de defraudación por administración fraudulenta.
El año pasado, el juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó en esta causa a Bonafini y los Schoklender por administración fraudulenta y les trabaron embargos millonarios. Según el fallo del magistrado, la dirigente "sabía del desmanejo financiero, aprobó balances irregulares", mientras que los hermanos "tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones de las viviendas con fondos del Estado".
De acuerdo a la Justicia, el millonario montó de 206.438.454,04 pesos fue enviado a distintas personas y empresas a través de cheques y transferencias a sus cuentas bancarias (“Meldorek S.A.” y “Antártica Argentina S.A.”, entre otras)" o a través de personas y firmas que percibieron dinero "sin contraprestación relacionada con la actividad propia de la Fundación y, a través de su cobro, imposibilitaron seguir su rastro".
Esta semana, los camaristas federales confirmaron el procesamiento de los imputados. Y sumaron al ex ministro de planificación de CFK. En primera instancia, el juez federal Martínez de Giorgi le había dictado a De Vido la "falta de mérito". El fallo fue firmado por los magistrados, en una resolución en la que además ratificaron el procesamiento de José López y Abel Fatala, entre otros exfuncionarios. A todos los acusados se les fijaron embargos que van hasta los 250 millones de pesos. Lea el fallo completo.
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