El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que se eleve a juicio oral y público a los funcionarios involucrados en el programa Fútbol para Todos que se desarrolló en el segundo gobierno de Cristina Kirchner. El contrato firmado hace 9 años fue por 600 millones de pesos por año.
Ellos son los ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y Jorge Capitanich; el ex titular de la AFA, Luis Segura, y el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires durante la etapa de Daniel Scioli, Gabriel Mariotto. La jueza federal María Servini deberá evaluar este pedido y clausurar la investigación para dar paso al eventual juicio oral.
Los otros procesados que afrontarían el juicio son el ex titular de San Lorenzo, Rafael Savino; José Lemme, del club Defensa y Justicia; Sergio Raúl Marchi, de la Asociación Futbolistas ARgentinso Agremidos y los dirigentes Raúl Pagano, Carlos Pandolfi, Norberto Monteleone, Rubén Raposo y el ex secretario de FPT, Miguel Ángel Silva, entre otros.
En la investigación se evalúa el manejo irregular de los fondos públicos destinados al programa que comenzó en 2009. El fiscal en su dictamen explicó que las personas involucradas “tuvieron la decisión política desde los más altos niveles del Poder Ejecutivo consistente en la participación estatal en la actividad de difusión del fútbol profesional”.
Taiano, explicó que el Gobierno celebró un contrato con la AFA según el cual “la comercialización de los derechos televisivos adquiridos” la entidad madre del fútbol argentino cubriría dicha contratación e incluso habría de generar un ingreso superavitario adicional para fomentar uno de los fines centrales de la Secretaría de Deportes de la Nación que era el fortalecimiento del deporte olímpico”.
La causa iniciada en 2014 tras una denuncia de la diputada de Cambiemos y ex ministra de Salud del kirchnerismo, Graciela Ocaña, manifiesta que “se modificaron los precios anuales fijados en el convenio establecido” así como “el irregular manejo de la pauta publicitaria, lo que trajo aparejado pérdidas económicas y la asignación discrecional de distintos canales de televisión para la retransmisión de los partidos de fútbol”.
El fiscal investiga si Capitanich y Fernández “no cuidaron ni controlaron los ingresos generados por el programa Fútbol para Todos y si llegaron a los clubes”. Así como profundiza su análisis de pruebas en la documentación existente en la causa que radica en los tribunales de Comodoro Py donde “no se comprueba el fortalecimiento económico de los clubes”. Este último era el objetivo del contrato del Gobierno nacional con la AFA que presidía Julio Grondona, ya fallecido.
“El propósito esencial del programa no sólo no se verificó sino que según la veeduría los pasivos de los clubes se incrementaron sustancialmente sin que dicho marco siquiera se haya observado la cancelación de la deuda que los clubes mantienen con la AFIP”, dictaminó el fiscal.
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