La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en coordinación con la Procuración General, a través de una resolución, hizo saber "la necesidad de que los sueldos de los integrantes del Poder Judicial correspondientes al año en curso ponderen los valores inflacionarios informados en el índice de precios al consumidor del INDEC, entre otras consideraciones en materia de política salarial". En esa línea también se expresó el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires en coordinación con la Procuración General.
La resolución dada a conocer lleva la firma de los jueces Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lazzari, Héctor Negri, Daniel Soria, Luis Genoud e Hilda Kogan, y va 'en coordinación con la Procuración General', a cargo de Julio Conté Grand.
Para los jueces de la Corte, que reconocen las "dificultades" que afrontan las finanzas provinciales, la situación salarial "desconoce la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados y el derecho a la justa retribución de funcionarios y agentes".
El comunicado de la Suprema Corte bonaerense reitera que "los sueldos de los magistrados, funcionarios y agentes judiciales ponderen los valores inflacionarios". En ese sentido, remarcan que "pese a lo avanzado del año, las negociaciones paritarias del sector de los agentes judiciales no han concluido" y advierten por "los efectos, de la inflación, que, como es de público y notorio, este año ha de ser mayor a la pauta inicial retributiva del 15%".
En la gestión Scioli, los jueces supremos y la procuradora anterior, María del Carmen Falbo, buscaban la "autarquía del Poder Judicial bonaerense" que sigue estancada.
En el cuarto considerando de la resolución, los miembros del Máximo Tribunal de Justicia provincial se hacen eco de la 'brecha salarial' respecto de los miembros de la justicia nacional y federal, que sitúan en el orden del 40 por ciento, aunque, remarca, "en el caso de los jueces, supera con holgura ese porcentaje".
Ese contraste se acentúa, siempre según la Suprema Corte, al comparar los incrementos salariales del año en esos ámbitos, habida cuenta de que "para todos los niveles que acumulados sobrepasan el 15%", mientras que para el Poder Judicial de la Provincia "ha sido del 3 % a partir de enero y llega sólo al 7 % a partir de marzo, pese a que la inflación correspondiente al primer semestre del año ha de ser del doble de este guarismo".
A nivel general, la Corte bonaerense y los jueces plantean tres ejes en la discusión salarial: la instauración de la Autarquía Financiera para el Poder Judicial, con legitimación explícita del Colegio para discutir las condiciones de los magistrados y funcionarios; la presentación de una Acción Colectiva para lograr la equiparación con el promedio de las cinco jurisdicciones mejor retribuidas; y, a la espera de que se resuelvan las anteriores, la discusión con el Ejecutivo de la pauta salarial del presente año, que no puede ser inferior a la inflación real.
En esa línea, los jueces bonaerenses nucleados en la entidad presidida por el juez de Mar del Plata, Rodrigo Cataldo, pusieron en especial relevancia para los magistrados y funcionarios que sean las máximas autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público quienes confirmen que en la provincia de Buenos Aires existe “una situación salarial que desconoce la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados y el derecho a la justa retribución de funcionarios y agentes”.
Así como que “los ingresos de quienes trabajan en el Poder Judicial de la Provincia son menores a los que perciben los miembros de la justicia nacional y federal. Se ha configurado una brecha relevante entre ambos que, en promedio, para todas las categorías, es mayor al 40% y que, en el caso de los jueces, supera con holgura ese porcentaje”.
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