El ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, firmó ayer junto a su par de Nación, Germán Garavano, y con la directora del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), dependiente de la Jefatura de Gabinete, Milagros Maylin, un convenio para garantizar el acceso a la justicia en barrios de asentamientos del conurbano bonaerense.
De este modo, se acordó llevar a cabo acciones conjuntas para lograr mayor acceso a la justicia en condiciones de igualdad para los habitantes del barrio Itatí de Quilmes, Porá de la localidad de Lanús, Carlos Gardel del municipio de Morón, Costa Esperanza de San Martín, Libertad de Almirante Brown, y el barrio La Cava de la localidad de San Isidro.
El convenio establece que se impulsarán proyectos que apunten a realizar relevamientos sobre las necesidades jurídicas insatisfechas en esos lugares; la instalación de equipos territoriales provisorios para atender requerimientos socio-legales de los habitantes, como también la puesta en marcha de Centros de Integrales de Justicia (CIJ), para facilitar la presencia de organismos públicos relacionados con el acceso a la justicia.
"Este convenio va en sintonía con uno de los ejes de nuestro gobierno y el Gobierno Nacional, que es el de consolidar el Estado de Derecho y atender a los principios constitucionales para que el sistema de justicia de respuesta a las crecientes demandas de la población", explicó en este marco el ministro Ferrari.
Destacó en esa línea que esto “es un paso más en busca de suprimir las barreras que restringen el ejercicio pleno de derechos de los habitantes de los barrios de asentamiento de la Provincia, dentro del proceso de urbanización e integración social y urbana que encaramos".
Firma del convenio entre Provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional.
Por su parte, Garavano indicó que “estos centros son la puerta de acceso a todos los servicios del Estado”, y expresó que en estas oficinas “los vecinos podrán hacer trámites de reincidencia, acceder a la tarifa social, a programas sociales, tramitar documentación personal, iniciar mediaciones comunitarias.
Y, además, con un abogado, un psicólogo y un trabajador social se colaborará en casos de violencia de género o doméstica, temas de conflictos laborales o denuncias penales, consultas por PAMI o ANSES”. “Trabajamos día a día para estar cerca de los vecinos que menos tienen, y así, garantizar la igualdad de oportunidades”, señaló Garavano.
De hecho, el acuerdo se firmó en el marco del proceso de urbanización que lleva a cabo en los barrios, y el OPISU, una de las partes firmantes, es el organismo provincial que vela por el acceso a mejores condiciones de hábitat, y busca promover procesos de regularización de barrios informales.
¿Qué son los CIJ?
Entre los organismos que prestarán servicios en los CIJ, se encuentran los Centros de Acceso a la Justicia y los centros de Mediación de ambos ministerios, la Oficina de la Dirección Nacional de Reincidencia, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y las oficinas del Ministerio Público Fiscal de la Provincia y de la Nación.
Ferrari, Garavano, y el Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, acordaron la creación de una “Guía de Criterios de Actuación en materia de Protección de Víctimas de delitos graves contra la vida, la integridad física y la integridad sexual”, que busca generar una red de trabajo eficaz que permita brindar respuestas rápidas y específicas a las víctimas.
El acuerdo hace hincapié en la necesidad de profundizar la articulación entre los organismos que intervienen en el proceso de asistencia a las víctimas a fin de unificar criterios y desarrollar estrategias de trabajo conjunto.
La guía busca garantizar que las víctimas conozcan sus derechos y reciban información apropiada, que se les brinde una asistencia adecuada a la edad, el sexo, el género y las necesidades. Además busca brindar una asistencia multidisciplinar, que ofrezca asistencia y protección evitando la victimización secundaria.
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