El fiscal de Estado de la provincia de Tucumán, Daniel Leiva, afirmó que la presentación se realizará entre hoy y mañana al dialogar con Radio Universidad. El funcionario del gobierno de Juan Manzur explicó que la normativa "ocasiona un impacto en lo económico y una alta fricción institucional con respecto al Gobierno nacional; dispone quitarle el dinero a las provincias y hacerlo ingresar a las arcas de Nación".
El Gobierno nacional anunció este martes la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS), que coparticipaba a las provincias el 30 por ciento de las retenciones a las exportaciones de soja. El gobernador, Juan Manzur, afirmó que “preocupa” la decisión tomada por el presidente Mauricio Macri por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Esta entrada para la provincia representaba más de $1.200 millones que eran distribuidos en todos los municipios y comunas”, afirmó el tucumano y agregó: “este recorte afecta a toda la Provincia independientemente del signo político”.
Según Leiva, la iniciativa del Gobierno tucumano está siendo analizada por las Fiscalías de Estado de otras provincias, que podrían sumarse al reclamo. "La mayoría (de las fiscalías) ya ha manifestado la coincidencia con esta idea fuerza de cada uno de salir a proteger los derechos de sus respectivas provincias y municipios", detalló el funcionario.
Leiva cuestionó los alcances del decreto, puesto que las sumas provenientes del fondo sojero están presupuestadas en cada una de las jurisdicciones provinciales y sus distintos municipios. "La Ley de Presupuesto del año en curso incluye ese concepto en el artículo 117, donde dice que las sumas van a ser distribuidas en las distintas provincias", dijo.
Leiva recordó además que Tucumán fue una de las provincias que suscribió el Consenso Fiscal, acuerdo firmado el 16 de noviembre de 2017 entre la Nación y las provincias, en el que se acordaron distintos derechos y obligaciones tanto para el Gobierno nacional como para los diferentes distritos.
"Hasta acá, Tucumán ha cumplido con todos y cada uno de los compromisos asumidos en esa ocasión; no así Nación que ya empieza a incumplir, por una decisión unilateral, violentando de tal manera la buena fe que debe primar en todo acuerdo de esta naturaleza", dijo.
En Buenos Aires también alzaron la voz
La Defensoría del Pueblo bonaerense y algunos intendentes recurrirán a la justicia para intentar revertir la medida del gobierno de Macri. Con el apoyo de jefes comunales como Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, y Verónica Magario de La Matanza, el pedido buscará garantizar las obras de infraestructura que en varios municipios se habían encarado, con la seguridad de que ese fondo perduraría.
"Esta decisión interrumpe obras presupuestadas como escuelas, hospitales, conexión de agua potable, fundamentales para los habitantes de la provincia de buenas aires”, explicó así el Defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino.
La intendenta peronista de La Matanza, Verónica Magario, sostuvo que la eliminación del fondo sojero “es una nueva afrenta del gobierno del presidente Macri y el FMI contra el federalismo en la Argentina”. “Esto lo que busca es quitar autonomía y desfinanciar a los ciudadanos de cada municipio, porque esto representa menos obras en cada ciudad del interior, mientras que a los porteños les dan cada vez más recursos", agregó.
El Fondo estaba presupuestado en 5.400 millones de pesos para este 2018 y en general (Provincia y Municipios), recibieron hasta ahora 3.400 millones de pesos.
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