El sindicato mayoritario de los empleados y funcionarios de la Justicia nacional, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, y la más emblemática asociación de jueces, fiscales y defensores, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresaron su "rechazo al traspaso" de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El lunes los jueces se reúnen de urgencia y el gremio para y moviliza el 12 de septiembre.
El cruce se da en el marco de las tensiones por los anterproyecto del presupuestos del Gobierno nacional que contemplaban $10.000 millones para la Corte Suprema y otros $35.000 millones que solicitó el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación que administra los fondos del resto de los tribunales nacionales y federales con excepción de la Corte.
La AMFJN hoy elige a sus tres representantes en el Consejo y sus tres candidatos coinciden en en la firme "oposición al traspaso de la Justicia". La Lista Bordó, que hoy conduce la asociación a través de las figuras políticas como Cabral y Recondo, y la presidente Lilia Díaz Cordero, expresaron en un comunicado "que el traspaso genera sólidas objeciones de orden constitucional, pues la C.A.B.A. no es una provincia, por lo que bajo ningún concepto puede variarse el status de un magistrado o funcioanrio a partir de una ley".
Con respecto al sueldo, la entidad que conducen los jueces se alineó a los empleados: "El régimen precario de derechos y garantías para Magistrados y Funcionarios en cuanto a la remuneración, régimen jubilatorio, obra social y, especialmente los mecanismos de nombramiento y remoción de los magistrados", expresó el comunicado al que accedió Tiempo Judicial en un día electoral agitado para la Justicia nacional.
En la misma línea, la UEJN conducida por Julio Piumato salió en repudio al traspaso tras el dictamen firmado en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación en el día de ayer. El gremio emitió un duro comunicado con el título "Vienen por todo: traspaso, ganancias y jubilaciones".
En el mismo, firmado por toda la comisión del gremio, explican que "ahora también, además de bajar los topes de asignaciones familiares, sobrevuelan rumores sobre reformas al régimen jubilatorio de los judiciales y nuevos intentos de aplicación del confiscatorio de impuesto a las ganancias (el mismo tributo que en campaña electoral se prometió eliminar) lo que resultaría una efectiva reducción salarial".
Y reafirma lo anunciado en el comienzo de la nota sobre las "pretensiones del Poder Ejecutivo de avanzar sobre la independencia del Poder Judicial", mediante "recortes presupuestarios" a la actividad jurisdiccional. En esa línea, el gremio firmó una declaración junto al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), a la cual adhirieron la Asociación de Magistrados (AMYFJN) y de Asociación de Jueces Federales (AJUFE).
El martes, en el marco de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación, se votó un proyecto de dictamen que reactiva la posibilidad del traspaso de la justicia nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y los jueces, fiscales, defensores, empleados, funcionarios y abogados litigantes de la Justicia se pusieron en pie de guerra.
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