La investigación penal ordenada por el juez Juan José Ruiz, quien condenó a los hermanos Martín y Christian Lanatta, junto a Víctor Schillaci, por la triple fuga del penal de máxima seguridad de General Alvear, en diciembre de 2015, empieza a tomar otro color con la posible intervención a actores políticos importantes que la justicia platense está investigando. 

Durante el inicio de la gestión de María Eugenia Vidal, lo que marcó la primera de las turbulencias de la gestión Cambiemos fue la cinematográfica fuga del penal de General Alvear de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez por tráfico de efedrina, que ahora suman las condenas por escaparse de la prisión. 

Un nuevo frente de pelea judicial asoma en el horizonte del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y del ex jefe de Gabinete kirchnerista, Aníbal Fernández. Además se anotan varios ex funcionarios provinciales. 

En la fundamentación de la sentencia, el juez Ruiz, consideró que “la fuga no pudo haberse concretado sin la colaboración de las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense y del poder político”. En ese camino ordenó que abra un expediente para investigar al ex ministro de Justicia Ricardo Casal, al ex secretario de Política Criminal César Albarracín, a la ex titular del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) Florencia Piermarini, al ex titular del Registro Nacional de Armas (RENA) Andrés Meiszner.

La lista también incluye a ex jefes del SPB ya jubilados que formaron parte de la gestión de Piermarini. Todo este bloque de ex funcionarios será investigado, en principio, por el fiscal Hugo Tesón, a cargo de la Unidad Funcional de Investigación 8 de La Plata, con el control del juez de Garantías, Pablo Raele, el mismo magistrado que dictó el sobreseimiento de Scioli en la causa por presunto enriquecimiento ilegal, resolución que no fue apelada por el fiscal Jorge Paolini, ni por el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, según informó la revista platense Letra P.

A este panorama, Scioli deberá sumar el pronto pedido de juicio oral que tendrá la causa que investiga el fiscal Álvaro Garganta, por impulso de la denuncia presentada por la líder de Cambiemos, Elisa Carrió. En ese expediente se escrutan posibles actos de corrupción y enriquecimiento en varias áreas del gobierno bonaerense como IOMA, Jefatura de Gabinete y ABSA, entre otros espacios. Tal como anticipó Letra P, ya se dictó el cierre de sumario en la investigación, medida confirmada por el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo.