El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado tras la revelación de las 122 investigaciones en curso de magistrados bonaerenses. En la entidad hay nucleados 7600 magistrados y desde la entidad dicen que las investigaciones son realizadas por el mismo Poder Judicial y que no hay que generalizar por algunos casos de jueces denunciados por mal desempeño.
A través de un comunicado al que accedió Tiempo Judicial, el colegio dirigido por el juez de Mar del Plata, Rodrigo Cataldo, rechazó “por inaceptable que se pretenda colocar a los miembros de la Justicia provincial en una posición de resistencia a las investigaciones que involucran a funcionarios del Poder Judicial”.
“Las investigaciones que han descubierto casos de corrupción han sido llevadas adelante por el propio Poder Judicial. De ninguna manera es aceptable que pretenda colocárselo como un estamento que resiste el deseado avance en la calidad institucional de la provincia de Buenos Aires”, expresó el comunicado que pide no generalizar ante las mediáticas investigaciones del juez platense César Melazo, el de Avellaneda, Luis Carzoglio y del camarista Martín Ordoqui o su par Federico Atencio.
Cataldo es juez de Mar del Plata, preside el colegio de jueces de la misma ciudad, y también la entidad bonaerense que expresó que “el camino para fortalecer el servicio de justicia no es la imputación generalizada, inespecífica y sin autores identificados claramente, sino exactamente el opuesto: la identificación adecuada de inconductas y delitos y de sus autores”.
Julio Conte Grand y Rodrigo Cataldo en una jornada en conjunto de la Procuración General y el colegio de magistrados bonaerense.
En tanto, la entidad que tiene 1600 jueces de un total de casi 3000 que ejercen la magistratura en la provincia que gobierna Vidal, explicó que las “aseveraciones que alimentan fantasías de un Poder Judicial tomado por la corrupción” carecen de “base fáctica y tienen un efecto de daño a la confianza pública”.
Párrafo aparte para la referencia a la justicia por “mano propia” que a veces se apodera de los familiares de las víctimas en casos policiales. “(…) las fantasías alimentan la violencia social impulsando la idea de que ‘no hay justicia. lo que incrementa las situaciones de búsqueda de justicia por mano propia, de manera individual o colectiva´”.
Y especifican que hay “voluntad permanente de mejorar” y “de separar a quienes no honran debidamente las funciones para las que han sido designados y de seguir colaborando activamente con todos los actores institucionales para mejorar la calidad y el desempeño del sistema de justicia”.
Comunicado Colegio de Magistrados y Func. provincial - 19-10-18
Apoyo de la agrupación de jueces "Justicia Legítima"
En esta línea, la semana pasada la agrupación Justicia Legítima emitió un comunicado en el cual expresó que las denuncias y presiones a magistrados muestran "un profundo resquebrajamiento del Estado de Derecho, y un total desprecio por el principio republicano de separación de poderes e independencia del Poder Judicial".
"La eventual disconformidad con el contenido de los fallos debe canalizarse a través de los recursos que la ley prevé a esos fines, pero en ningún caso puede dar pie a cuestionamientos a los magistrados que los emiten", expresaron desde la entidad por el fiscal federal Jorge Auat.
En tanto, explicaron que "resulta extremadamente grave la naturalización de este estado de cosas, que se suma a la utilización abusiva y contraria a derecho del mecanismo de la prisión preventiva, la difusión pública de procedimientos de detención en condiciones humillantes, en particular a opositores políticos, la instalación desde el Poder Ejecutivo de doctrinas que consagran la impunidad para el obrar de las fuerzas de seguridad en cualquier caso (“Chocobar”), entre otras prácticas que ponen en jaque el Estado de Derecho".
Justicia Legitima "repudia tajantemente estos intentos de someter a presiones y amenazas" a quienes integran las estructuras del Poder Judicial y "exhorta" a las distintas instituciones del país "a pronunciarse y ejercer los resortes constitucionales a fin de impedir tales acciones".
Revelan 122 investigaciones a jueces bonaerenses
En la provincia de Buenos Aires, hay un aproximado de 3 mil jueces distribuidos en 19 departamentos judiciales. De ellos, según los datos de la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense, hay 122 investigaciones en curso contra jueces y fiscales acusados de delitos que van desde cobrar para liberar presos y haber protegido a narcotraficantes hasta ser parte de bandas delictivas.
La cifra incluye a fiscales, sospechados de cobrar para liberar presos, proteger a narcotraficantes e integrar bandas delictivas; ya renunciaron 30 magistrados luego de la polémica desatada entre los impulsores de las investigaciones que realiza Julio Conte Grand y el juez de Avellaneda Luis Carzoglio que tiene la causa del sindicalista y vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano, negando su detención ante el insistente pedido del fiscal Sebastián Scalera.
César Melazo, ex juez de Garantías, detenido por casos de corrupción con la "Banda del comisario" en La Plata.
Este año hubo casos emblemáticos como los del juez de Garantías César Melazo, quien renunció el año pasado y fue detenido, acusado de haber integrado un grupo que asaltaba casas a sabiendas de que en ellas había dinero no declarado. O el magistrado Martín Ordoqui, de la misma organización. O su par Federico Atencio, investigado por un presunto pedido de coimas a procesados por sobreprecios en la obra social provincial IOMA. “Las denuncias contra magistrados se han incrementado en el último tiempo”, afirmó Ulises Giménez, secretario permanente del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia citado por el diario La Nación.
De acuerdo con los números del organismo a su cargo, en 2017 se iniciaron 51 expedientes contra magistrados bonaerenses, más que en cualquiera de los seis años anteriores, y en lo que va de 2018 se abrieron ya otros 47.
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