Desde la irrupción de la pandemia por el coronavirus en la Argentina y en el mundo, los organismos internacionales de derechos humanos elaboraron distintas recomendaciones para los países. En ese mismo sentido, los jueces federales y nacionales tomaron medidas con el objetivo de evitar el contagio masivo de las personas que están privadas de su libertad.
A través de distintas acordadas y resoluciones, establecieron recomendaciones para los tribunales inferiores destinadas a otorgar arrestos domiciliarios para determinados grupos de personas mientras dure la emergencia sanitaria. Por ejemplo: personas que hayan cometido “delitos leves”, mujeres embarazadas o que estén con hijos menores de edad.
Estas medidas se adoptaron en el marco de la crisis estructural que atraviesan los establecimientos penitenciarios en el país, donde la cantidad de personas alojadas supera la capacidad disponible y las condiciones son insalubres.
El problema estructural
Si bien la situación crítica que atraviesan las cárceles en Argentina viene de varios atrás, la emergencia por el coronavirus la evidenció aún más. El análisis de ese escenario está atravesado por múltiples complejidades, entre ellas el abuso en el dictado de las prisiones preventivas y la falta de políticas orientadas a mejorar las condiciones de las personas privadas de su libertad.
En 1996, había 25.163 detenidos en todo el país. En 2013, había 64 mil personas detenidas según este informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación. A fines de 2017, fue de 87.576. En este sentido, especialistas del organismo aseguraron que a nivel nacional hace más de 10 años que hay un incremento profundo de la tasa de encarcelamiento que pasó de 146% en 2010, 152% en 2013, 198% en 2017 y 213% en 2018. Esto significa un aumento del 250% de la tasa de encarcelamiento entre 1996 y 2018.
En ese contexto, los organismos especializados en la temática y los especialistas en salud recomendaron medidas alternativas a la prisión para evitar un contagio masivo en las unidades penitenciarias ante el avance del virus.
Este mismo criterio se adoptó en otras partes del mundo. Por ejemplo, sólo por el impacto del Covid-19, en Estados Unidos, donde la población carcelaria es de más de 2 millones de presos y el virus ya tiene circulación masiva, comenzaron a excarcelar presos y a evaluar el mecanismo de la "liberación compasiva", un recurso del sistema que beneficia a quienes están afectados en su salud. Por otra parte, en el Reino Unido fueron liberados 4 mil presos, de una población carcelaria de 84 mil, luego de que se verificaran cerca de 2 mil contagios en las prisiones.
Las recomendaciones de los organismos internacionales ante el COVID- 19
El pasado 3 de abril el portavoz del Alto Comisionado de las ONU, Rupert Colville, expuso que se “continuará exhortando a todos los países del mundo a revisar quién está detenido y a tomar medidas lo antes posible para garantizar el distanciamiento físico necesario que resulte factible para evitar la propagación de COVID-19”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), manifestó su profunda preocupación por las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria en la región “que incluye precarias condiciones de salubridad e higiene y niveles de hacinamiento extremos, destacándose que en algunos países la tasa de ocupación es superior al 300 %”, en la resolución 1 del 2020. En este sentido, pidió evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar “medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas”.
En el mismo camino, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expuso que “es probable que las personas privadas de la libertad, como las personas en las cárceles y otros lugares de detención, sean más vulnerables al brote de la enfermedad por coronavirus (COVID -19) que la población en general debido a las condiciones limitadas en las que viven juntos durante un período prolongado”.
Hacinamiento y coronavirus: las medidas adoptadas por la Justicia Federal y Nacional
En los últimos días, los arrestos domiciliarios otorgados por diversos tribunales ante la emergencia sanitaria, causaron una gran repercusión mediática. Sin embargo, debido a las condiciones de hacinamiento, la Defensoría General de la Nación, en julio de 2019, expresó en la acordada 928 que frente a la “situación de sobrepoblación creciente y el hacinamiento en determinados establecimientos penitenciarios federales constatados, los defensores públicos agilizaran los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro de las personas cuya defensa ejercen cuando advirtieran hacinamiento u otras restricciones de derechos que pudieran implicar un agravamiento de las condiciones de detención así como que defensores y defensoras iniciaran o continuaran acciones de hábeas corpus”.
El 25 de marzo de 2019, también el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en ese momento a cargo de Germán Garavano, declaró la "emergencia penitenciaria por tres años" (BO) por la superpoblación de las cárceles. También, explicó que eso se debía a "las políticas exitosas de seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado". “Seguirá incrementándose sustancialmente durante el año en curso, proyectándose un crecimiento sostenido de la población carcelaria", agregó.
Por otra parte, Francisco Mugnolo, titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación, manifestó: "Cómo va a seguir creciendo la población carcelaria si no hay más lugar para nada. Donde había talleres de oficio o gimnasios ponen gente con camas. La sobrepoblación genera malestar, la disciplina se aplica de manera violenta, crecen los enfrentamientos y la corrupción. El sistema está en una emergencia muy grande". Asimismo, advirtió que “es un problema estructural” que se viene acrecentando año a año sin una visible solución y “ya no hay lugar dónde poner gente en las cárceles”.
A raíz de la declaración de la emergencia sanitaria nacional, la defensora general de la Nación, Stella Martínez, emitió una nueva resolución recomendando a las defensoras y defensores de los detenidos que “renueven o agilicen los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro de las personas cuyas defensas ejercen, cuando se puedan incluir en el grupo de personas en riesgo ante la pandemia (Resolución DGN N° 285/2020)”.
El 13 de abril de este año, la Cámara Federal de Casación Penal mediante la acordada 9/2020 recomendó a los Tribunales Federales de todo el país que, por el tiempo en que dure la pandemia, evalúen la aplicación de la prisión domiciliaria en casos de delitos menores o no violentos. Ello con base en razones humanitarias y con el objetivo de evitar el hacinamiento en las cárceles, lo que puede contribuir con la propagación del virus.
“(...) Esta medida se sustenta también en principios de seguridad jurídica, igualdad y razones urgentes de salud”, expresa la resolución. En el último párrafo de los considerandos, se dejó sentado que sus disposiciones son excepcionales y transitorias, ceñidas en el tiempo a la emergencia sanitaria. Es decir que una vez que finalice esta situación de excepción, podrán volver a evaluarse los casos.
Los jueces “recomendaron a los tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo” para determinados grupos de personas: aquellas que estén en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo, condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta, condenadas a penas de hasta 3 años de prisión, personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan con los demás requisitos.
También para las mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas, personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19, y personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH.
Según el último informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la cantidad de presos alojados en penales es de 12.579 al 30 de abril, cuando el total de plazas disponibles asciende a 12.694 en las 35 unidades penitenciarias este tipo de delitos.
En este sentido, según este informe de la Oficina de Sorteos de la Cámara Federal de Casación Penal se recibieron entre el 23 marzo y el 24 de abril se recibieron un total de 621 pedidos de los abogados defensores de los detenidos en penales federales.
“No hay tal liberación masiva en la Justicia federal. La pandemia agravó la crisis carcelaria que ya venía en aumento porque implicó prever las condiciones de higiene que la pandemia impone”, explicó un camarista.
Casación Penal Federal
En el mismo sentido, se expidió la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional presidida por el juez Daniel Morin. Los magistrados a través de dos acordadas el 17 y el 23 de abril “recomendaron” a los tribunales inferiores del fuero criminal y correccional de la Capital Federal que “extremen los recaudos para coadyuvar a la más pronta disminución de la sobrepoblación carcelaria, atendiendo prioritariamente, la situación de los internos que conformen los grupos de riesgo descritos por la autoridad sanitaria”.
En este sentido, y criticando el abuso de las prisiones preventivas, advirtieron que hay una superpoblación carcelaria a nivel nacional “(...) El objetivo de descomprimir las cárceles cuando no concurran los requisitos que la autoricen también puede ser obtenido mediante la utilización del encarcelamiento domiciliario y, por último, que la economía procesal aparece como un elemento de juicio relevante a la hora de decidir", explicaron los camaristas que tienen la última palabra en los que concierne a los delitos comunes a nivel nacional.
Por otra parte, la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, explicó: “Hay gente que está hace tres años y está por cumplir su condena, hay mujeres embarazadas, hay personas enfermas, estamos hablando de que esta gente salió por alto riesgo en relación con el coronavirus. La Justicia nos pidió las listas de todos los detenidos con todas las características que solicitaba la acordada, que también establece que se dará cumplimiento a la protección de la ley de víctimas”.
Comentarios recientes