La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un duro comunicado contra las declaraciones públicas del presidente de la Cámara de Diputados de la nación, Sergio Massa, quien solicitó el juicio político de los jueces bonaerenses que liberaron violadores con la “amenaza” del Covid-19.

Los tres magistrados bonaerenses apuntados por el diputado nacional del Frente Renovador, Sergio Massa, fueron juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca, Claudio Brun y la jueza María Inés Piñeiro Bertot, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 6 de San Martín, aunque se evalúan otros pedidos a presentar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

La semana pasada también se había pronunciado el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires presidido por Pablo Noel, camarista penal de Necochea. "Las morigeraciones, arrestos domiciliarios y demás resoluciones excarcelatorias solicitadas han sido analizadas por los magistrados caso por caso. Todas estas decisiones son recurribles por las partes", expresaron los magistrados bonaerenses, quienes agregaron "las políticas públicas deben orientarse a equilibrar el sistema. Los magistrados y funcionarios judiciales no establecemos las políticas públicas, no edificamos cárceles, ni compramos tobilleras. Actuamos aplicando las leyes por mandato constitucional".

La entidad presidida por el juez civil, Marcelo Gallo Tagle, emitió hoy un comunicado defendiendo a los jueces y a sus decisiones sobre las excarcelaciones, detenciones domiciliarias y libertades anticipadas.

Marcelo Gallo Tagle

“Ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial”, agregó la misiva de los cientos de jueces nacionales nucleados en la histórica en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Marcelo Tagle, presidente AMFJN.

Y reafirman que: “Las libertades que se someten a consideración de los magistrados y magistradas a causa de la propagación de la pandemia en las cárceles encuentran fundamento en deficiencias estructuras del sistema carcelario y no en el trámite propio de los procesos judiciales”.

“Es el Poder Ejecutivo, tanto en su nivel nacional como provincial, quien tiene a su cargo la administración de los establecimientos carcelarios y a él comprende la obligación de asegurar condiciones esenciales de salubridad e higiene intramuros”.

Defensa del Estado de Derecho

En el mismo sentido, se expresó la asociación que nuclea a los magistrados penales que se encargan de monitorear las condenas de las personas privadas de libertad. La Asociación de Jueces de Ejecución Penal, presidida por la juez Jimena Monsalve, aseguró "deben respetarse las decisiones judiciales fundadas adoptadas para morigerar la prisión con exclusión de los delitos graves".

Los jueces de ejecución penal nucleados a nivel nacional en esta entidad expresaron que estas medidas deben "contemplar a los grupos de riesgo indicados por las autoridades sanitarias, así como también toda otra medida que asegure el distanciamiento social, en miras de asegurar el derecho a la salud, evitar contagios y una repentina ocupación sanitaria; y la promoción de las medidas preventivas dentro de las cárceles, siempre mediando intervención de defensores y fiscales, quienes representan a la persona condenada, al Estado y a la víctima".

"Soportar en este contexto de crisis la amenaza pública del inicio de juicios políticos masivos e impulso de reformas legislativas tendientes a legitimar esos procesos, -por el contenido de las decisiones jurisdiccionales adoptadas- constituye sin dudas una afectación directa a la independencia judicial", agregaron.