La Asociación Civil "Usina de Justicia" presentó un pedido de juicio político contra el juez Víctor Violini, integrante del Tribunal de Casación Penal bonaerense, debido a la resolución que dictó en la que hizo lugar a un habeas corpus colectivo.
La asociación que nuclea a los familiares de víctimas de homicidio acusó al magistrado “por la realización de actos que demuestran Incompetencia o Negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones y por el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo”. En tanto, en la ONG también hay integrantes del poder judicial como fiscales y abogados.
La presentación retoma los argumentos utilizados por el Fiscal de Casación, Carlos Altuve, que cuestionó el fallo de Violini y llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, el máximo tribunal de Justicia bonaerense hizo lugar parcialmente al recurso presentado y fijó criterios para el otorgamiento de prisiones domiciliarias en el marco de la pandemia.
“Consideramos que la decisión del Dr. Violini no se basó en el Derecho procesal penal vigente, sino que fue un acto de arbitrariedad manifiesta en un notorio apartamiento de la letra expresa de la ley. Es que la circunstancia de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, ni la situación carcelaria producto de la sobrepoblación carcelaria, justifican una alteración total del orden constitucional y legal. Por el contrario, es en las situaciones de emergencia cuando más sentido tienen el cumplimiento de la Constitución, y la vigencia de las garantías y el principio de la división de poderes”, expresa el escrito.
Asimismo, agrega: “Se refuerzan los argumentos para la remoción del Juez Violini el haber obrado con una ostensible falta de fundamentación sobre la admisibilidad de una acción colectiva, desnaturalizando las funciones de la Cámara de Casación, exclusivamente revisoras de las decisiones de los Tribunales y Juzgados bajo su competencia”.
“El temerario obrar del Juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal, ya que con su decisión ha lesionado un adecuado servicio de justicia al “saltar” por sobre las competencias de los jueces naturales, vulnerando de ese modo también el principio constitucional de debido proceso legal, con clara y directa afectación del sistema republicano de gobierno”, concluye la presentación.
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