La “Mesa Federal de Víctimas” realizó un pedido a legisladores de todos los partidos políticos para que tengan en cuenta una modificación en esta normativa que solucionaría muchos conflictos judiciales.
La Ley de Víctimas (27.372) reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Fue aprobada el 21 de junio de 2017 y aún no todas las provincias adhirieron a ella para ejecutar su plena implementación.
En la normativa, se otorgan una serie de derechos a los familiares de las víctimas de delitos. Como por ejemplo, que la víctima debe ser informada y tiene derecho a opinar cuando el autor del delito puede ser beneficiado con alguna modificación de su situación de encierro, como prisión domiciliaria, libertad condicional o salidas transitorias.
Ante las prisiones domiciliarias de presos por coronavirus, se conformó la Mesa Federal de Organizaciones de Víctimas de Delitos que trabajan en red en todo el país para poder tener voz en la mesa de diálogo cuando ocurrió el motín en el penal de Devoto.
Desde ese día, ellos impulsaron una seria de proyectos porque creen que primero hay que “organizar la implementación de la ley de víctimas” en todo el país más allá de impulsar jury a jueces por mal desempeño, entre otras medidas.
Por este motivo, más de 80 ONG’s y asociaciones que perdieron a sus familiares en diferentes tipos de delitos se reunieron en la “Mesa Federal de Víctimas de Delitos” para reclamar a los legisladores nacionales una modificación en la redacción de la actual ley. Abarcan a familiares de víctimas de femicidios, violencia de género, inseguridad vial, Cromañón, Beara, Familias por la Vida, entre otros.
La “Mesa Federal de Víctimas de Delitos” enviaron una carta a los diputados Sergio Massa y Cristian Ritondo a fin de solicitarles formalmente la modificación del artículo 37 de la normativa mencionada que reza sobre la “invitación a las provincias a adherir a la ley de víctimas”.
“Somos una mesa federal y peleamos por las víctimas de todo el país. Les pedimos a todos los legisladores quitar el artículo 37 de la ley de víctimas para solucionar un problema porque con la modificación será obligatoria la implementación de Ley de Víctimas en todas las provincias”, expresó una de sus referentes y madre de una víctima del incendio en Cromañon, Nilda Gómez.
Parece una pequeña modificación pero puede generar alivio en muchos familiares que no quieren ver a los responsables de la muerte de su familiar querido en la calle. Por ejemplo la provincia de Buenos Aires aún no adhirió a la ley y entonces los familiares de las víctimas no son notificadas por los jueces ante un beneficio para los delincuentes como marca la ley. LINK
Gómez, abogada y madre de Mariano, víctima de Cromañón, explicó a este medio que “empiecen a tratar este proyecto de ley que deroga un solo artículo de la ley 27.372 ahorrando dinero y trabajo a todos los poderes legislativo y judicial de todo el país”. “Todas las víctimas somos iguales ante la ley y así evitamos la desigualdad con respecto a las provincias y evitamos perdida de dinero por la pandemia y la crisis económica”, agregó Gómez.
Desde la organización, entiende que son hay muchas desventajas al no modificar el artículo 37 de la ley 27372: “la desprotección a las víctimas por tiempo indeterminado, el gasto innecesario de las legislaturas hasta que decidan si adhieren, modifican o crean una nueva, la desigualdad entre las provincias por la escasez de recursos económicos, perder dinero en una ley ya sancionada y sacarles tiempo de dedicación a proyectos de ley que hoy se necesitan para paliar los efectos de la pandemia”. Una sola modificación, cambia la vida de la gente.
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