En el marco de la implementación de las Fuerzas Armadas (FF.AA), para el control ciudadano en las fronteras que autorizó el gobierno de Javier Milei, bajo el nombre “Plan Roca”, un conjunto de abogados especializados en derechos humanos y organizaciones sociales alertaron sobre los peligros de este tipo de prácticas.
Los referentes salteños en materia de derechos humanos, David Leiva y Oscar Rodríguez, lanzaron un comunicado conjunto en donde advirtieron sobre el peligro de la profundización del control ciudadano y las políticas represivas autorizadas por el ministro de Defensa, Luis Petri, al enviar 1.900 militares a la frontera de la provincia de Salta.
En un documento titulado: “La democracia como sus instituciones están en peligro”, los abogados acompañados por organismos de derechos humanos, partidos de izquierda y organizaciones sociales, pusieron en alerta a la ciudadanía sobre los nuevos decretos de la gestión libertaria sobre el Sistema de Defensa Nacional, entre ellos el 1112/24,; la ley 23.554 de defensa nacional; el decreto 727/06 que la reglamentó; la ley 24.059 de seguridad interior y la ley 25.520, de inteligencia nacional.
“Se está desarrollando una lógica que necesariamente lleva a una profundización de la persecución penal sin límites. La deriva es de alcances impredecibles. Obsérvese que se habilita que se ejerza inteligencia interna a través del ejército en zonas rurales, prohibidas por ley”, sostiene el comunicado que fue difundido a través de las redes sociales.
En tanto, el texto estima que “Lo que se está disponiendo es un aparato represivo nacional que arrancó con el protocolo Bullrich, y avanzó hasta esta inaceptable construcción ilegítima que, sin duda, debido a la injerencia militar reforzará la represión interna del pueblo argentino» y subrayaron el peligro que supone desplegar estas medidas que con un simple decreto ley avanza sobre facultades otorgadas al Consejo de Seguridad Interior”.
“Ya tenemos toda una historia acerca de la repartición del territorio nacional en áreas. La injerencia ilegítima militar no puede ser más clara. Todo el país controlado por las fuerzas de seguridad y por las fuerzas militares, mientras se somete al pueblo a situaciones de indigencia”, destacaron los letrados, quienes también cuestionaron el artículo 13 del decreto 1.112/24 que organiza el país en “Áreas Estratégicas para Planeamiento Militar Conjunto para facilitar la planificación y preparación de futuras operaciones militares”.
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