En el tiempo que va de cuarentena, la Justicia rechazó más del 90 por ciento de los pedidos de prisiones domiciliarias efectuados por la defensa de los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Un repaso de las resoluciones judiciales en estos 150 días de cuarentena por la pandemia de Covid-19.

La última ocurrió hoy 10 de agosto, el Tribunal Oral Federal 5 rechazó otorgar prisión domiciliaria por la pandemia de coronavirus al expolicía Mario "Churrasco" Sandoval, detenido a la espera de ser juzgado por delitos de lesa humanidad tras ser extraditado desde Francia en diciembre pasado donde estaba radicado desde 1985.

Sandoval estuvo en aislamiento preventivo en el penal donde está alojado por haber sido contacto estrecho de otros reclusos que contrajeron coronavirus, pero transcurrido el período establecido por protocolo no presentó síntomas y un hisopado le dio negativo, refirió el Tribunal en la resolución en la que le negó el arresto domiciliario.

"No se advierte que haya existido en modo alguno un trato displicente o más gravoso a su respecto o que pueda ser tildado como cruel o inhumano", sostuvieron los jueces del TOF 5 Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grunberg, al rechazar conceder la domiciliaria. El expolicía será juzgado por el secuestro y desaparición del estudiante de arquitectura Hernán Abriata, en 1976.

En La Pampa, también a principios de agosto, la justicia federal rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitada en el marco de la pandemia de coronavirus por dos represores, condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, en el juicio por la Subzona 14 de la región pampeana, según informaron fuentes judiciales a la agencia Télam.

Se trata de Juan Domingo Gatica, Oscar Alberto Melazzi y del exjefe policial Luis Baraldini a quienes el TOF integrado por los jueces Marcos Aguerrido y Jose Mario Triputti les rechazó los pedidos de prisión domiciliaria por la pandemia.

Astiz y Etchecolatz

En tanto, uno de los casos más resonantes fue el pasado 3 de junio en la mega causa ESMA, cuando la Cámara Federal de Casación Penal rechazó seis pedidos de domiciliaria entre los que estaban el formulado por la defensa del represor Alfredo Astiz.

En una serie de fallos emitidos por la Sala II del máximo tribunal penal del país, a los que accedió Tiempo Judicial, se declararon inadmisibles los planteos formulados por las defensas de Astiz, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Alberto Eduardo González y Antonio Pernías. Y así se confirmaron las decisiones del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, que había rechazado sus prisiones domiciliarias, pedidas en el marco de la pandemia.

Entre los argumentos formulados por el máximo tribunal penal del país, el camarista Alejandro Slokar explico que “los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad”.

Los acusados que solicitaron el beneficio de la prisión domiciliaria fueron juzgados y condenados por más de 700 hechos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura cívico militar.

Entre los delitos cometidos por estos condenados se encuentran el homicidio del periodista Rodolfo Walsh y los sucesos conocidos como “Iglesia de la Santa Cruz”, que damnificaron a familiares y allegados de desaparecidos que trabajaron en su búsqueda, dirigidos por las religiosas francesas Anne Marie Jeanne Domon y Leonnine Henriette Duquet.

El 14 de abril último, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata rechazó conceder la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz por integrar el grupo de riesgo ante la pandemia al entender que dentro de la cárcel tenía garantizada la atención médica inmediata en caso de contraer COVID-19. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario que intentaba la defensa del ex jefe policial para que se revisara el rechazo a nuevo pedido de detención domiciliaria.

En el inicio de la pandemia, el 25 de marzo el Tribunal Oral Federal Nº 6 no hizo lugar a un nuevo pedido de detención domiciliaria efectuado por la defensa de Miguel Osvaldo Etchecolatz condenado por sentencia del 26 de octubre de 2018 a la pena de prisión perpetua por la comisión de delitos de lesa humanidad. La defensa interpuso recurso de casación que fue declarado inadmisible por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Según datos de Casación Federal, de los casi 700 planteos que llegaron al máximo tribunal penal del país desde el inicio de la pandemia vinculados a la libertad, prisiones domiciliarias, cese de prisión, morigeración de cautelares, libertades condicionales y libertades asistidas, entre el 92 y el 93% fueron rechazados por "inadmisibles". Ese mínimo porcentaje de otorgamiento de prisiones domiciliarias para represores lo obtuvo por ejemplo el pasado 15 de agosto Rogelio José Martinez Pizarro, exjefe de Sanidad de la ESMA entre 1977 y 1978.