Mientras la Cámara de Senadores avanza en la sanción de la Reforma Judicial, y uno de los principales focos de discusión entre los jueces ha sido, sin dudas, el traspaso completo de la competencia del fuero Nacional Criminal y Correccional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el impacto que pueda generar en la administración de la justicia.
El proyecto del ley da tres años de plazos para la implementación del traspaso como lo propone el artículo 28: “Transfiérese la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción de la materia federal, al Ministerio Público y a los jueces competentes de la referida ciudad, respectivamente, conforme a los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Cabe remarcar que se trata de un fuero nacional que actualmente registra 75 vacantes en sus juzgados y vocalías, pero para el cual se prevé la ocupación de 23 juezas y jueces del fuero en las mayores labores implicadas en la atención simultánea de sus Tribunales y de los nuevos juzgados federales, algo que según integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones, genera “un completo desguace y desmantelamiento de este centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistrados”.
Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) objetaron que se trata de un proceder que “vulnera la estabilidad e intangibilidad de la función judicial” y cuestionaron: “Cabe preguntarnos por qué resulta ilegítimo que quien integra la magistratura nacional pase a ser federal si no media el acuerdo del Senado, pero sí pueda pasar a integrar la justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA sin aquel requisito”.
Para la Asociación liderada por el juez Marcelo Gallo Tagle resulta imprescindible señalar que “no debe perderse de vista que existen determinados delitos cuya extensión del daño excede el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, afectando intereses que se desarrollan en las provincias (como quiebras o administraciones fraudulentas), por lo que sería irrazonable que puedan ser investigados por juezas o jueces locales”.
“La Ciudad de Buenos Aires se trata de una jurisdicción con un proceso de selección y remoción diferente y más desventajoso respecto del que rige en el ámbito nacional para magistrados jueces, fiscales y defensores oficiales”, agregaron desde AMFJN cuestionando que los jueces traspasados a la C.A.B.A. puede ser removidos con mayor facilidad que a nivel nacional.
Pero la jurisdicción no es el único eje que genera discusión: “Lo dispuesto en el art. 32 del proyecto, en cuanto a que ‘… salvo renuncia expresa, conservarán su categoría…’ genera una legítima inquietud sobre el futuro de sus carreras profesionales y sus fundadas aspiraciones.
La principal critica de los jueces al traspaso es por el cargo de “juez nacional” a “juez porteño” y así lo dejan saber en cada oportunidad cuestionando la pérdida de jerarquía.
“No está expresamente prevista ninguna garantía de que conserven una estabilidad y jerarquía funcional, más bien surge del contexto del proyecto la posibilidad de que ocurra lo contario, el riesgo de que tengan que resignar esa jerarquía como podría ser, por ejemplo, que quien en la justicia nacional esté al frente de una unidad funcional (por caso, la secretaría de un juzgado, fiscalía o defensoría) pase a la jurisdicción de la ciudad con el mismo cargo pero sin tener la misma función de titular de una dependencia”, expresó el comunicado al que accedió Tiempo Judicial en referencia al traspaso.
En tanto, cuestionaron la última etapa de un proceso penal, la ejecución, ya que la justicia porteña tendría que acordar donde alojar sus detenidos o construir nuevas cárceles.
Y completaron: “Por último, cabe señalar en cuanto a la ejecución penal que la Ciudad no tiene un sistema para sus propios detenidos (utilizan los establecimientos federales), por ende, no tiene capacidad de absorber las 3.000 personas privadas de su libertad, condenados de ejecución nacional, y otros tantos con prisión preventiva. Tampoco tiene la Ciudad un Patronato que pueda controlar los 15.000 casos que provienen de institutos como la suspensión del proceso a prueba, las condenas en suspenso y las prisiones domiciliarias”.
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