El martes pasado ya expusieron los jueces Marcelo Gallo Tagle, por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; y Ariel Ariza, por la Federación Argentina de Magistrados. Así como Ariel Coll, juez de Formosa, y representando a Jufejus. ¿Qué dijo?
La comisión comenzó a funcionar oficialmente el 18 de agosto. Tiene plazo hasta el 18 de noviembre para elevar a Alberto Fernández propuestas concretas sobre cinco temas: Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, Consejo, Corte Suprema, Traspaso de la justicia a la C.A.B.A. y Juicio x jurados.
Ariel Coll expuso representando a los poderes judiciales de las provincias, nucleados en la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) quienes plantearon al Consejo Consultivo para la reforma judicial la necesidad de limitar el tipo de causas que llegan desde cada jurisdicción a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se pronunciaron a favor del traspaso de la justicia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el juicio por jurados.
Jufejus reúne a los tribunales superiores de cada provincia y en la actualidad su presidenta es María del Carmen Battaini, quien como integra el Consejo Consultivo no puede ejercer ambas funciones.
Según informaron desde Jufejus a este medio, el Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Ariel Gustavo Coll, expuso tres puntos clave que deben abordar los integrantes del Consejo Consultivo: la modernización de la CSJN como “intérprete final” de la Constitución Nacional, el aval al traspaso para respetar el “equilibrio federal perdido hace años” y el juicio por jurados.
“El análisis de una más moderna regulación procesal en materia de Recurso Extraordinario, que reserve para la Corte Suprema de Justicia su indelegable rol de custodia e intérprete final de la Constitución Nacional”, expresó el juez Coll argumentando que hay una “necesidad de actualizar la regulación existente, por parte del Congreso, respecto a la competencía en grado de apelación que tiene la Corte Suprema por mandato del Artículo 117 de la Constitución”.
El representante de la Junta Federal señaló que “no consideraban necesario ingresar a un análisis sobre la cantidad de sus miembros, aunque sí propiciaron que para el futuro, cuando deba producirse el natural recambio de sus actuales integrantes, se incorpore para la nueva integración una clara perspectiva de género y se adopte, asimismo, un sistema de representación federal”.
De acuerdo a los voceros consultados, el integrante de la Jufejus también se pronunció a favor del traspaso de la jurisdicción penal nacional no federal, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
"El artículo 129 de la Constitución Nacional contiene un modelo de organización institucional para la C.A.B.A. que, hasta la fecha, no ha sido debidamente asumido por los distintos gobiernos que se han sucedido desde 1994. Propiciamos un traspaso pleno de jurisdicción en cumplimiento cabal de aquel mandato constitucional de 1994 y de su recepción, también constitucional por la Ciudad de Buenos Aires, en 1996, enfatizando que éste desajuste institucional grave …impacta severamente en la distribución de los recursos públicos, en la medida en que, como consecuencia de dicha omisión, las 23 provincias argentinas se hacen cargo de financiar los gastos que demanda el servicio de administración de Justicia del restante distrito", sostuvo Coll ante los 11 miembros del consejo consultivo para la reforma de la Justicia.
Por otra parte, el ministro del Superior Tribunal formoseño avaló que se amplíe a todo el país el sistema de juicios por jurado con las "experiencias positivas" producidas en las provincias donde ya rige esa modalidad.
El comité de expertos convocado por el presidente Alberto Fernández está integrado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.
El comité de especialistas comenzó a funcionar el 18 de agosto y desde entonces recibió las opiniones de representantes del Consejo de la Magistratura, de los colegios de abogados, de los ministerios públicos (Fiscalía y Defensa) de la Cámara de Casación, de organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales como Fundejus (Fundación de Estudios para la Justicia), entre otros. A fines de noviembre tendría un informe listo para enviar al presidente.
Comentarios recientes