Luego de un fin de semana conflictivo en los penales de la provincia de Buenos Aires, con varios motines que iniciaron el sábado por la mañana, enfrentamientos y tomas de rehenes, se pudo llegar a una cierta calma luego de que entre las partes se acuerde la reactivación de las visitas, punto central en las demandas de los detenidos. La mayoría de los motines fueron disueltos esa misma noche.
En el reclamo, fueron varios los penales de la provincia que estuvieron involucrados, como las unidades 31 y 38 de San Martin, la 40 de Lomas de Zamora, la 21 en Campana, la unidad 9 de La Plata o la 31 de Florencio Varela. Entre los pedidos, también trascendieron la otorgación de salidas transitorias, mejoras en las condiciones de hábitat y mayor rapidez del sistema judicial.
Fuentes judiciales afirmaron a Tiempo Judicial que las tomas ocurridas en los penales de San Martin y Florencio Varela fueron las más complicadas, ya que se dieron situaciones complejas porque se tomaron una gran cantidad de rehenes. Y que si bien, la línea de los pedidos en todos las unidades fue la misma, señalaron que lo ocurrido se debe a un “efecto de oleaje que hizo que se levanten todos”.
También, desde la justicia se atribuye el malestar que estalló el sábado por la mañana a la suspensión de las visitas que ya habían sido pautadas. “Las visitas son trascendentales para la población carcelaria, y en los penales, del lado de afuera, estaban los familiares muy alterados, con muchísimo enojo”, según se relató desde el poder judicial.
Además, se precisó que la Comisión Provincial por la Memoria dispuso el mismo sábado temprano un “habeas corpus” por la situación de los detenidos y se comenzó una mesa de negociación con representación del Ministerio de Justicia bonaerense, la Secretaria de Derechos Humanos y algunos presos que actuaron como referentes.
Los organismos de derechos humanos, según afirmaron a este medio, por el momento sólo pudieron acordar la principal demanda de las visitas. “Lo que sucedió fue que el 24 de octubre se habilitaron las visitas en el servicio federal, y esto generó mucha conflictividad en los detenidos de la provincia de Buenos Aires. El servicio penitenciario intentó implementar las visitas, se hizo un protocolo desde el Ministerio de Justicia con el jefe del servicio penitenciario, pero al final se dio marcha atrás”, explicó una integrante de los organismos. Incluso, advirtieron, hubo casos de familiares que se encontraban en pleno viaje hacia los penales.
A través de la intervención y de las negociaciones se concilió para el 14 de noviembre la reactivación de visitas. El plan piloto será en todas las unidades penitenciarias y alcaldías de la provincia. La decisión fue un acuerdo entre el Ministerio de Salud, que convalidó un protocolo estricto para el ingreso, y el Servicio Penitenciario de la Provincia.
Pero la inconformidad actual surge de demandas que se desprenden de la misma protesta, como el compromiso de que no sean trasladados, que los heridos tengan atención médica y que no sean sancionados.
Los organismos lamentaron que “esos acuerdos se rompieron, porque el servicio penitenciario comenzó a reprimir y se generaron más conflictos, además de que en algunas unidades hubo traslados”. Según informaron, sigue complicada la situación en algunas cárceles donde los hechos fueron más graves, y hay “destrucción total, no hay luz o suministro de agua y no se les provee alimentación”.
Asimismo, se aclaró que las demandas no son novedosas, sino que vienen desde los reclamos de diciembre del 2019 y tienen que ver con conflictos y problemas estructurales del servicio penitenciario.
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