Amnistía Internacional mostró su preocupación sobre la situación sanitaria en la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Insfrán, a través de un comunicado en el que enumeró las diversas denuncias que les llegaron por intermedio de abogados y ciudadanos tuvieron hechos de aislamiento obligatorio, falta de controles sanitarios o el impedimento de ingreso a la provincia.
La directora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos del organismo, Noelia Garone, afirmó en diálogo con Tiempo Judicial que “se sigue a la provincia desde hace meses por la situación de las personas varadas, y también en todo el país, porque la emergencia sanitaria pone un poco en jaque algunos derechos humanos”.
“La emergencia sanitaria amplifica las potestades estatales, entonces puede poner en peligro ciertos derechos humanos, por eso se recibieron denuncias de personas que están siendo alojadas en Centros de Atención Sanitaria (CAS)hechos por el Gobierno de Formosa para todas las personas con coronavirus positivo y todos los contactos estrechos, ahí tenemos el primer problema”, explicó.
La principal advertencia, casi obvia, es que no deberían juntar a las personas con coronavirus positivo con las que fueron alojadas por contacto estrecho. “Están mezclando a todos, y además se denuncian malas condiciones de aislamiento y precauciones sanitarias de por sí”, lamentó la directora.
Entre los otros puntos que señaló el organismo, se destacó que se obligaría a permanecer en los centros de aislamiento a personas con síntomas leves, asintomáticas e incluso a personas que no tienen COVID-19 expuestas al contagio. No se les brindaría información de su situación de salud, o se lo hace de palabra sin tener acceso a los resultados de sus test COVID-19.
Además de que se les harían varios hisopados sin consentimiento, que la duración de las cuarentenas en los CAS en algunos casos habría excedido los 14 días hasta 30. Además, las personas no tendrían suficiente acceso a información sobre el tiempo que permanecerán alojadas ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento.
Entre los más graves, se denuncia que se obligaría a permanecer en los CAS a niñas, niños y adolescentes y, en algunos casos, sin el acompañamiento de sus padres o familiares y algunas han sufrido crisis, angustia y depresión y no han sido atendidas adecuadamente.
Según la directora de protección de derechos humanos, se presentarán en la Comisión Interamericana con medidas cautelares y, por considerar que hay detenciones arbitrarias, se presentarán en las Naciones Unidas. "Entendemos la preocupación de las autoridades para frenar el contagio, evitar la propagación, pero eso no puede ser excusa para actuar y recibir las denuncias que hemos señalado”, concluyó Garone.
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