El Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires atraviesa un difícil momento por el aumento de casos de coronavirus entre el personal. Si bien el Gobierno Nacional aumentó las medidas de prevención hace una semana -y durarían al menos una semana más-, las recomendaciones para trabajar no lograron hacer frente al contagio de la segunda ola. Por eso, los trabajadores judiciales realizaron una fuerte apuesta en la utilización de las herramientas digitales.
Según un informe emitido por la Asociación Judicial Bonaerense, apoyado en la información provista por la Dirección General de Sanidad, en el mes de abril se registró un aumento preocupante con 621 personas contagiadas, un 76% más que durante el mes de marzo.
Los departamentos judiciales con mayor cantidad de casos son La Plata y Lomas de Zamora, con más de 440. Le siguen Mar del Plata, San Martín, La Matanza y Azul. Los contagios en el sector del Poder Judicial que más se vieron afectados, fueron las dependencias del Ministerio Público, con un 12,43% frente a un 10,52% en organismos de Administración de Justicia.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la provincia dispuso a través de la Resolución SC Nº 597/21 que “los titulares de los órganos judiciales y dependencias de la Jurisdicción Administración de justicia provincial del órgano a su cargo”, deben gestionar “la concurrencia del personal mínimo indispensable”.
Además, se señaló en la resolución que se deberá extremar la utilización de las herramientas tecnológicas y de comunicación. Para ello, también se pidió la colaboración del Colegio de Abogados para que difundan lo dispuesto.
En sintonía con esto, la Suprema Corte ya había dispuesto la semana pasada un protocolo de trabajo y pautas de uso del módulo informático para el sorteo de causas jurisdiccionales y de Gobierno en órganos colegiados. Dicha modalidad digital es un avance en la forma de trabajo judicial y colaborará con las medidas dispuestas por el covid-19.
"El mismo se sustenta en las respuestas, observaciones y sugerencias recibidas a partir de la convocatoria pública oportunamente realizada para que magistrados y funcionarios de dichos órganos pudieran formular los aportes que estimaran conducentes al perfeccionamiento del protocolo, a los fines de su implementación", se indicó desde la Suprema Corte.
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