El 12 de julio, la justicia falló a favor de un pedido de amparo colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), para que los detenidos con carácter de riesgo sean vacunados en las cárceles bonaerenses contra el covid-19. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que está elaborando un plan de vacunación integral para vacunar a las 5 mil personas de riesgo y luego al resto de la población penitenciaria.
El fallo de los jueces Claudia Milanta, Gustavo Spacarotel y Gustavo De Santis que integran la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata se conoce luego de un pedido por parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), encabezada por el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
En la provincia de Buenos Aires, más allá del fallo judicial, fuentes del gobierno provincial informaron a Tiempo Judicial que ambos ministerios de Justicia y Salud, ya están elaborando el protocolo para la vacunación de 5 mil personas con comorbilidades, enfermedades crónicas, personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas y con chicos que es aproximadamente un 10 % de la población penitenciaria. Ya los 25 mil agentes del SPB ya están vacunados y los presos se vacunarán en las enfermerías y en 15 hospitales penitenciarios en territorio bonaerense. En tanto, en el Servicio Penitenciario Federal, ya se están vacunando a los presos que son casi 10 mil detenidos en cárceles federales.
En la resolución, fue ordenado que el “Estado Provincial -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires”, sea quien “arbitre con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar un plan programado de acceso a la vacuna contra el Covid-19 a las personas privadas de su libertad”
Además, el fallo especificó que los presos deben tener "prioridad para la vacunación" al menos en esta primera medida, deben ser los que “formen parte de los grupos de riesgo frente a dicha enfermedad, en compatibilidad con la evolución en la inoculación en el que se encuentra el programa provincial "Buenos Aires Vacunate”.
Según informó la CPM, el tribunal reconoció que “se incrementó la vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad en atención a las condiciones habitacionales en las que viven, máxime si forman parte del grupo de riesgo frente a la enfermedad”.
Los números transmitidos por el organismo, reflejan que el 2020, fueron 29 las personas que murieron de coronavirus en las cárceles bonaerenses. “El sistema de encierro se encuentra colapsado con índices alarmantes de sobrepoblación y hacinamiento. En los 65 establecimientos penitenciarios se alojan 45.467 personas en 21.500 plazas, lo que implica un 111 % de sobrepoblación”, comunicaron.
Cabe destacar que uno de los planteos más sólidos presentados fue que las personas privadas de su libertad “no se encontraban en condiciones de inscribirse y asistir sin más al turno asignado en el plan de vacunación”, y la CPM destacó que “existieron casos de personas detenidas que pudieron gestionar la pre-inscripción y la asignación de turno pero no se consiguieron ni la autorización ni el traslado por parte del SPB a la posta de vacunación”.
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