Los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar continúan su marcha en los juzgados de la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín condenó, la semana pasada, al ex militar de inteligencia Jorge Norberto Apa, por sus crímenes en la llamada “Contraofensiva Montonera”.

La condena fue de prisión perpetua por su participación entre 1979 y 1980, contra los militantes que regresaron al país en esos años para realizar actos de resistencia a la dictadura. El juicio al ex represor se había suspendido el 10 de junio, ya que la defensa alegaba que su salud se había degradado, pero los peritos que lo examinaron afirmaron que Apa “activamente simula y sobresimula un cuadro psicopatológico”.

Según el tribunal, sus crímenes constituían hechos de lesa humanidad, y por eso rechazó los pedidos de prescripción y declaró la inconstitucionalidad de la ley 25.779 (que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida), defensa formulada por los letrados. En tanto, se revocó su prisión domiciliaria ya que quedó constatado que su estado de salud no es un impedimento para cumplir su condena en el Servicio Penitenciario Federal.

Otra de las acciones del tribunal fue comunicar la sentencia al Ministerio de Defensa para que dé inicio al proceso de baja por exoneración y de la suspensión de todo goce, retiro o jubilación que goce el condenado.

Los delitos por lo que Apa fue condenado fueron homicidio con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en cuatro hechos; privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y con abuso funcional, a su vez agravada por la duración de más de un mes y tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y homicidio premeditado por el concurso premeditado de dos o más personas en 72 hechos.

Además, privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas con abuso funcional, tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas en dos hechos; privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y con el abuso funcional y tormentos en cinco hechos.

Por último, privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas con abuso funcional y tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en cinco hechos.