El uso excesivo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad, federales y locales, en el país, fue puesto esta semana nuevamente en la mesa de debate. Este hecho, coincidió oportunamente con el relanzamiento de esta semana del “Programa de Uso Racional de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego” (PUFEAF), que encabezó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, junto con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.
Este programa había sido lanzado por la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré, con el objetivo de monitorear el uso de las armas de fuego. Según el Ministerio, hubo durante el periodo 2015 al 2019, bajo la presidencia de Mauricio Macri, un deterioro en la regulación de la fuerza, y bajo la Resolución Nº 377/2020, se relanzó el programa con el objetivo de recuperar lineamientos en la materia.
“Sobre finales de año pasado, decidimos relanzarlo introduciendo nuevas herramientas pensadas para la prevención de la violencia institucional”, expresó Frederic y explicó que “las organizaciones de Derechos Humanos son actores fundamentales de este programa y creemos que deben ocupar un lugar activo, no externo, un lugar protagónico de asesoramiento y sugerencia permanente”.
Por el lado del Ministerio de Derechos Humanos, Pietragalla señaló que estas acciones “son un primer paso para generar políticas que cuiden no solo a los ciudadanos sino también al personal de las fuerzas de seguridad”, y afirmó que “cuando hablamos de construir una política contra la violencia institucional, también tenemos que construir una política y un cambio cultural”.
¿En qué se basa el PUFEAF? En principio, establece la obligatoriedad de la comunicación de parte de las Fuerzas de Seguridad Federales al Ministerio de Seguridad de todo hecho que involucre el disparo de un arma de fuego en el que participe (como autor, víctima o en cualquier otra calidad de participación), personal de cualquiera de las cuatro fuerzas para su registro, análisis y abordaje institucional.
Dicha información será utilizada para generar contenidos de formación y entrenamiento, mejorar las condiciones de equipamiento y bienestar, así como para perfeccionar los instrumentos de control en el marco del paradigma de uso racional de la fuerza.
Al respecto, Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, en diálogo exclusivo con Tiempo Judicial, señaló que “el programa en principio es positivo”, y explicó que “es un programa que existía y que fue desarticulado durante la gestión de Patricia Bullrich, que tenía como objetivo crear una política integral sobre el tema del uso de las fuerzas”.
“La propuesta es crear un registro de todos los casos en los que se utiliza un arma de fuego, hacer un seguimiento de los casos, sumarios administrativos y sanciones”, agregó Tufró y destacó que “también tiene un costado vinculado a la cuestión del bienestar de los propios efectivos, con un seguimiento psicológico después de que viven situaciones de uso con arma de fuego”.
“Por primera vez las estadísticas sobre el uso de la fuerza en el 2020 se van a publicar. Esto necesario para esta gestión tener un modelo que vaya de alguna manera controlando el uso de la fuerza policial y disminuyendo los índices de letalidad de las intervenciones policiales”, concluyó.
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