La Agencia Gubernamental de Control (AGC) denunció a una empresa y a sus dueños por una fiesta que se realizó el pasado 30 de julio en el local “Rose in Rio” por la “propagación de una enfermedad contagiosa y peligrosa”.  En la denuncia sostienen que tanto los responsables del local como los asistentes fueron irresponsables y violaron el deber de cuidado y salud pública.

La denuncia fue presentada luego de que se difundieran en un noticiero las imágenes de la fiesta en la que puede verse la falta de cuidado, sin distanciamiento social ni la utilización de tapabocas. Alli se apunta contra la empresa “Emprendimientos Costanera S.A.” y sus dueños Juan Manuel Moix y Matias Gonzalo Villafaña.

La Agencia porteña explica en el escrito presentado que no sólo los dueños del establecimiento infringieron las normas actuales sino que “todos los concurrentes al establecimiento han vulnerado la normativa sanitaria de manera indirecta y por intermedio del actuar del explotador comercial” teniendo todos ellos una “clara e irresponsable violación del deber de cuidado y de la salud pública en su más amplia dimensión”.

Además del delito de propagación de una enfermedad se les endilga a los denunciados también la instigación pública a cometer delitos. De la misma manera indican que estamos ante la aparición de nuevas variantes de Covid-19 pero los dueños del local deciden habilitar “el paso al local de centenares de personas para que bailen, beban y utilicen incluso, elementos de pirotecnia en un local cerrado sin ventilación, sin distanciamiento social y con concurrencia masiva”

“Los explotadores comerciales decidieron abierta e irresponsablemente infringir el marco normativo vigente, mediante la promoción de un evento y luego, transcurrido un tiempo de permanencia de los clientes en el lugar, desatar una verdadera fiesta clandestina, a sabiendas del peligroso impacto que ello podría causar en la población”, consigna la denuncia.

Para la AGC “ante la velocidad en el crecimiento de los contagios en el marco de la segunda ola de la pandemia de COVID-19 -y el crecimiento exponencial de los mismos-, en virtud de la gravedad de los hechos que en la presente denuncia se exponen y la necesidad imperiosa de adoptar medidas oportunas y razonables para evitar consecuencias irreversibles para la salud pública”.

La presentación se encuentra firmada por Paula Scauzillo, Directora General de la Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, y solicita a la fiscalía que se forme el sumario correspondiente y se aplique la máxima pena prevista para los delitos denunciados.

“Ya se han realizado numerosas cantidades de clausuras”, explicaron desde la AGC y advirtieron que “no se cesará en la actividad de control, ello a los efectos de brindar a toda la ciudadanía un ámbito de mayor seguridad y cuidado”.

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