Este 10 de octubre se cumplen 24 años de la tragedia de Austral ocurrida en la ciudad de Fray Bentos, Uruguay. Aquel 11 de octubre de 1997 el vuelo 2533 de Austral Líneas Aéreas salió de Posadas, Misiones, con destino a Buenos Aires, pero nunca llegó. "¡Dios mío! ¡Nos matamos, nos matamos!", fueron las últimas palabras que se escucharon aquella noche. El piloto Jorge Cécere pedía desesperadamente que le autoricen el descenso. El avión cayó en la estancia Nuevo Berlín, en una zona rural. Murieron 74 personas.
El audio, que forma parte de la caja negra que se rescató de aquella fatídica noche, se dio a conocer recién en 2019 cuando se inició el juicio por la tragedia que por estos días ya tiene pedidos de sentencia por parte de la querella. Esa caja negra fue recuperada en Estados Unidos y en pleno juicio los jueces que integran el Tribunal Oral en lo Federal N° 5 Daniel Obligado, Adriana Pallotti y José Martínez Sobrino, escucharon la grabación.
Ahora, tras tantos años, se comienza la recta final de la causa “Morán, Manuel Ángel y otros s/inf. art. 190 tercer párrafo del Código Penal de la Nación –AUSTRAL”. La querella de los familiares, a cargo de Norberto Caputo y Silvina Rumachella, durante cuatro jornadas de audiencias hicieron un relato pormenorizado de la responsabilidad y participación que tuvo cada uno de los acusados en la tragedia aérea. Su alegato terminó con el pedido de penas de entre 12 y 25 años de prisión para los más de 35 acusados.
La mayoría de los acusados, que en ese entonces eran directivos en Austral Líneas Aéreas, funcionarios civiles y de la Fuerza Aérea, fueron acusados como coautores del delito de “de estrago doloso, agravado por la muerte de 74 personas”, pero además por “el conocimiento especial de los acusados, los antecedentes y la violación a las normas”.
El alegato de la querella se apoyó en el artículo 190 del Código Penal, que sostiene que “será reprimido con prisión de dos a ocho años, el que “a sabiendas ejecutaré cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una aeronave”. Además dijeron que quedó probado que lo que sucedió ese día fue una “trampa mortal”.
69 pasajeros y 5 tripulantes murieron aquella noche.
La acusación que llegó a juicio sostiene que hubo una falla en los tubos pitot del avión. Austral Líneas Aéreas había sido gestionada hasta 1995 por la aerolínea española Iberia, y era gestionada de manera directa en el momento del accidente por el Instituto Nacional de Industria (INI) de España.
Los pedidos de pena
Solicitaron la pena de 25 años de prisión por el delito de "estrago doloso" en su calidad de coautores para Manuel Morán Casero (entonces presidente de Austral), Mario Sruber (vicepresidente de Austral, y los directores de Austral Walter Hayas, Mario Cardoni, Gabriel Pérez Junqueira, Fernando Mayorga, Javier Monzón, Ángel Sanchís Herrero, Javier Loza de la Cruz (gerente de Área Técnica-Austral), Jorge Fernández (gerente de Mantenimiento-Austral).
También como coautores y la misma pena a Ricardo Embón (gerente de Planeamiento e Ingeniería-Austral), Pablo Chini (gerente de Aseguramiento de Calidad-Austral), Juan Manuel Baigorria (director nacional de Aeronavegabilidad-DNA), Carlos González (director de Fomento y Habilitación-DNA), y Hugo Adib (jefe división Ingeniería-DNA), Carlos Carmenini (director de Aviación Transporte-DNA).
Al pedido de 25 años de prisión se suman Norberto Sotelo Ossa (director Aviación de Transporte- DNA), Eduardo Sánchez Ara (Coordinador del Proyecto de Certificación), Norberto Nieves (auditor de Aseguramiento de Calidad Austral), Enrique Ventura de Anchorena (gerente de Operaciones Austral) y Danilo Wenk (director de Certificación Aeronáutica-DNA), este último en concurso con falsedad ideológica.
En tanto, a los acusados Guillermo Destefanis y Juan Fortuny se los imputó por el mismo delito pero en calidad de "partícipes primarios", por lo que pidieron 16 años y siete meses de prisión, mientras que Andrés Arribillaga (instructor Austral) fue acusado de ser "partícipe secundario" en el mismo delito, por quien pidieron 12 años de prisión. Hubo tres casos en que los imputados no fueron acusados porque fallecieron en estos 24 años que duró el proceso: Raúl Mújica (director de Austral), Héctor Gerling y Justo Díaz (director de Coordinación Técnica DNA).
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