Este jueves 25 es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. En ese marco, el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que Sí Nos Ven” elaboró un informe que cuantificó 229 femicidios y 168 intentos de femicidio desde inicios de este año hasta el 20 de noviembre, y 7 transfemicidios/travesticidios. Estos son, por supuesto, sólo aquellos que han logrado trascender y quedar registrados.
Dicho relevamiento arroja que el 16% de las víctimas fatales de la violencia machista ya había denunciado a su agresor previo a ser asesinadas. De ese total, el 10% tenía medidas de protección brindadas por la Justicia. En todos los casos, el femicidio fue consumado igualmente.
Estas cifras denotan una escasa cantidad de denuncias ante la Justicia y una también insuficiente falta de respuesta por parte del Poder Judicial ante las potenciales víctimas fatales.
“A pesar de haber pedido ayuda, estas víctimas fueron asesinadas, desprotegidas por una Justicia patriarcal que continúa reacia a capacitarse en perspectiva de género”, opinan las autoras del informe, quienes aseguran que seguirán “exigiendo la implementación de la Ley Micaela en el Poder Judicial” y “visibilizando cada decisión tomada por jueces y fiscales que ponga en peligro la vida de las mujeres y que naturalice la violencia machista”.
Ante esto, detallaron ejemplos concretos: “Es el caso del Jury de Enjuiciamiento a los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Mar del Plata, quienes absolvieron en 2018 a los femicidas de Lucía Pérez. En palabras de la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires, que acusa a los jueces Gómez Urso y Viñas ya que ‘negaron una situación de vulnerabilidad dentro del contexto de género y que Lucía fuera cosificada para satisfacer sus deseos’”.
Y agregaron: “Son exponentes máximos del patriarcado judicial. Estos jueces revictimizaron y culparon a Lucía, indagando sobre su vida y la de su familia, y naturalizaron el abuso y el femicidio. Además, este tipo de sentencias machistas les da un mensaje de desprotección a las víctimas y un mensaje de seguridad y complicidad a los agresores”.
Fuerzas de Seguridad
De ese 10% de mujeres que lograron obtener por parte de la Justicia medidas de protección contra sus agresores, se desprende otro análisis: el de las víctimas de violencia machista y las Fuerzas de Seguridad. El informe indica que del total de femicidios 19 fueron ejecutados por policías, 4 por militares y 1 por un gendarme.
“Las fuerzas de seguridad, quienes deben controlar que las restricciones de seguridad se cumplan, no sólo no lo hacen, sino que tampoco garantizan derechos y los avasallan”, expusieron las autoras. Y ejemplificaron con el caso de Rubén Martínez, el policía norteño que debía custodiar a una mujer víctima de violencia de género con amenaza de muerte pero que la abusó sexualmente, alegando que “se tentó”. También expusieron el caso de Florencia Magalí Morales, una mujer que había sido detenida por violar la cuarentena y custodiada por cuatro policías que quedaron imputados tras haber aparecido ella estrangulada en su celda.
“En este escenario en el que sobran los casos de violencia institucional y policial, necesitamos que los agentes se formen en perspectiva de género y derechos humanos. No podemos naturalizar las prácticas machistas, homoodiantes, racistas y xenófobas en las fuerzas de seguridad y armadas, así como tampoco se puede aceptar la complicidad machista en estas instituciones”, culminan las redactoras.
Femicidios, en números
En Argentina, ocurre un femicidio cada 34 horas en promedio. Además de los 229 femicidios y 7 transfemicidios, hubo 168 intentos de femicidios, “aquellos hechos que no llegan a la muerte, pero que deben ser visibilizados para entender el alcance real de la violencia machista y la forma progresiva en que se da”.
En el 87,7% de los casos, el femicida pertenecía al círculo íntimo de las víctimas, siendo la mayoría de los casos (65,5%) perpetrados por parejas o ex parejas de las víctimas.
Más de la mitad de los hechos, un 60,6%, ocurrieron en la vivienda de la víctima, hogar que en varios casos comparte con su agresor. Estos datos son de gran importancia para generar políticas públicas que prevengan este flagelo.
“En este sentido, necesitamos más medidas que posibiliten y fortalezcan la autonomía económica de las mujeres, que incluya el acceso a trabajo formal y a la vivienda, y sin la cual se dificulta la salida de las situaciones de violencia”, explica el texto.
La conducta adoptada por los femicidas deber ser considerada bajo el mismo objetivo: 52 se fugaron, 39 se suicidaron y 17 intentaron suicidarse, 20 se entregaron o confesaron, 10 solicitaron ayuda. Hay 48 casos que pertenecen al campo “sin datos” y 11 a “otros”.
Tal como fue expuesto, el 33,2% de los femicidios fueron ejecutados en la vivienda de la víctima, el 28,4% fue en vivienda compartida con el agresor, el 22,3% fue en la vía pública y sólo el 2,6% fue en la vivienda del agresor. El 13,5% restante pertenece al campo “sin datos”.
En consecuencia, al menos 168 niños y niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en 2021.
En cuanto a la franja etaria del agresor, 2 tienen entre 11 y 15 años, 7 tienen entre 16 y 20 años, 87 tienen entre 21 y 40 años, 48 tienen entre 41 y 60 años, y otros 65 pertenecen al campo “sin datos”.
La franja etaria de las víctimas, en cambio, muestra que 8 tenían entre 0 y 12 años, 4 tenían entre 12 y 15 años, 14 tenían de 16 a 20 años, 115 tenían de 21 a 40 años, 47 tenían de 41 a 60 años, 26 tenían más de 61 años y 15 “sin datos”.
El 38,4% de los femicidas eran pareja de la víctima, el 27,1% eran ex pareja, el 12,2% era un familiar, el 10% era un conocido, un 1,3% fue un desconocido, y el 10,9% pertenece al campo “sin datos”. En cuanto a las formas en que fueron asesinadas, 32,8% fue con arma blanca, el 26,6% fue con arma de fuego, el 16,2% fue a golpes, el 6,1% fue quemada y 18,3% fue de “otras” formas.
Este día sirve para replantear estrategias y medidas de prevención de la violencia machista, para vislumbrar el trabajo que falta para que finalmente la igualdad entre géneros se consume y para generar políticas públicas que entiendan que el mayor peligro de las mujeres está en su propia casa. Sólo así, tal vez, se alcance en un futuro el “Ni Una Menos”.
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