La Justicia de Ejecución Penal autorizó a un preso en Devoto para que pueda trabajar de manera remota para una empresa editorial. El hombre realizará tareas para una editorial y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá brindarle una conexión de internet estable y teléfono fijo.
La decisión la tomó la titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº5, María Jimena Monsalve, quien autorizó el pedido realizado por el Ministerio Público de la Defensa para que el hombre detenido en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda trabajar para la empresa editorial “IJ International Legal Group”.
Monsalve hizo referencia a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, que sostienen que tanto la organización, como los métodos de trabajo penitenciario, deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican fuera del establecimiento. Esto lo que permite es preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre.
Además, destacó el “bajo porcentaje de acceso al empleo que arroja el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal del año 2020” y que “el 47% de las personas privadas de libertad al momento de su ingreso a la detención no tenía ni oficio ni profesión; el 40 % eran personas desocupadas; el 64 % actualmente no accede a trabajo remunerado y el 89 % no participó de algún programa de capacitación laboral”.
La petición fue realizada por la Unidad de Letrados Móviles N° 2 de la Defensoría, a cargo de Federico D’Ottavio, que calificó al ofrecimiento laboral que recibió su asistido como “un caso sumamente excepcional, en el que un actor privado pretende colaborar con el proceso de reinserción social de un detenido, brindándole una herramienta fundamental como lo es un trabajo remunerado”.
También destacó la necesidad de arbitrar los medios para no truncar esta posibilidad de inclusión laboral intramuros, que aparejará efectos beneficiosos para su proceso de reinserción social. A su turno, y frente al pedido de la defensa, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal que interviene en el caso pidió que el director del CPF CABA informe sobre la posibilidad de brindar el espacio y herramientas solicitados para la realización de las tareas.
Pero la jueza desestimó esa solicitud “fin de no dilatar innecesariamente la cuestión debatida y, principalmente, de garantizar el derecho de acceso al trabajo”. También le dio intervención a la interventora del SPF, María Laura Garrigós, para que impulse el cumplimiento de su disposición e informe sobre las gestiones realizadas al respecto.
Es por ello que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá suministrar al condenado una conexión de internet estable y coordinar con el personal de la empresa la entrega de las herramientas para las labores (computadora y teléfono fijo). Y también permitir un día para que el detenido reciba la capacitación necesaria para el trabajo.
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