La causa en la Justicia Federal de La Plata se inició tras el video hallado por la AFI de una reunión en la sede del BAPRO donde se pronunció la famosa frase “Gestapo contra sindicalistas” pronunciada por uno de los asistentes ese 15 de junio de 2017, el exministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, quien aludió a una “Gestapo” para supuestamente perseguir a los sindicalistas díscolos a su gestión. En la causa sólo se investiga el caso del titular de la UOCRA La Plata, “Pata” Medina, quien después de haber estado tres años y cuatro meses en prisión, espera con detención domiciliaria el juicio oral por extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero.
En la causa están imputados además el ex ministro de Vidal, Roberto Gigante, también está acusado de asociación ilícita por “armar causas” junto con ex espías y dos ex ministros violando la ley de inteligencia porque no tenían ninguna autorización judicial para "perseguir" sindicalistas. Los funcionarios son: el ex ministro de Infraestructura, Roberto Gigante; el segundo del ministro Gustavo Ferrari, el ex secretario de Justicia, Adrián “Paddy” Grassi, así como el actual intendente de La Plata, Julio Garro y el actual senador bonaerense. Juan Pablo Allan. Esta declaración está en suspenso porque, como es senador, no se le puede tomar indagatoria hasta que no le retiren los fueros en la Legislatura bonaerense. La investigación está a cargo de la fiscala Ana Russo.
Los agentes de la AFI imputados son: Darío Biorci, Juan Sebastián De Stéfano y Diego Luis Dalmau Pereyra. De Stéfano está hoy bajo la órbita de la empresa de subterráneos porteños, hoy denominada Emoa, con un cargo de director, mientras que los otros dos eran espías de la ex SIDE durante el gobierno de Cambiemos. Y en la reunión también estuvieron los empresarios Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Moretto, Jorge Oscar Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascki y Marcelo Jaworski.
Luego de la semana de indagatorias de los ex funcionarios vidalistas, este miércoles 23 deberá presentarse el intendente de La Plata, Julio Garro y le siguen Biorci el viernes, De Stéfano el martes y Dalmau el jueves próximos. Según fuentes de la investigación contaron a Tiempo Judicial, la fiscala Ana Russo avanza en pedir los procesamientos de los ex funcionarios y los ex espías pero se evalúa el caso punto por punto de los empresarios imputados.
¿Qué declaró cada uno?
Villegas es el autor de la frase más resonante del video que dio inicio a esta causa: “Creeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.
Esa frase dio inicio a la denuncia que tramita en la justicia federal de La Plata y por la cual fue citado a declaración indagatoria. "En ningún momento ni el señor Presidente ni ninguno de los asisten planteó ni insinuó absolutamente nada ilegal", remarcó Villegas ante la Justicia cuando el expediente presenta pruebas que lo incriman como su "agenda de reuniones en las cuales se trataría el tema UOCRA-LA PLATA" juntos los otros imputados mencionados en esta causa.
"Enfáticamente niego haber armado en forma clandestina una o varias causas al señor Juan Pablo Medina y sus allegados, ni haber participado de una maniobra con esos fines. Soy ajeno a toda acción que se haya eventualmente orquestado para ello", sostuvo además en su defensa escrita el exfuncionario bonaerense de Vidal.
En este sentido, el expediente al que accedió este medio muestra una reunión a la que asistió Villegas el 31/7/2017 con Grassi para visitar a Dalmau en la sede de la AFI y varios ingresos a la Casa Rosada dentro "del período investigado" con un dato llamativo: la reunión del 4 de mayo de 2017, donde participó también Gustavo Arribas. Y no sólo con ellos, sino que hay "comunicaciones con el juez Armella". Es el juez que metió preso a Medina por la causa 55652/2017.
En este sentido, Villegas dijo que "los problemas más importantes generados por Medina comenzaron a ser específicamente además de los referidos, en tres áreas muy sensibles: obra pública provincial, obra pública nacional y obras en la destilería de YPF", detalló en el escrito presentado ante Kreplak.
Por su parte, Gigante se negó a declarar y sólo presentó un escrito al que accedió Tiempo Judicial en el cual afirmó que participó de la reunión como ministro de Infraestructura en el Bapro pero que él no intervino en las causas contra el gremialista “Pata” Medina.
"Varias veces avizoré que no tenía mucho sentido mi presencia en el lugar, intenté con mucho esfuerzo entender qué estaba ocurriendo, nadie me dirigía la palabra y nadie hablaba de algo que tuviera alguna vinculación con las funciones y competencias específicas de mi ministerio”, aseguró Gigante quien se sintió ajeno en la reunión en el Bapro.
Una prueba en el expediente es un informe de Aguas Bonaerenses, que dependía de él, con reclamos respecto del impacto del conflicto con la Uocra en obras en una planta potabilizadora. Se investiga cómo fue que ese documento terminó en el expediente penal contra Medina a cargo del juez federal de Quilmes Luis Armella, quien ordenaría su detención por asociación ilícita y lavado en septiembre de 2017.
El imputado Grassi explicó ante el juez Kreplak que en mayo de 2017 fue “contactado por un grupo de empresarios del rubro de la Construcción de la Ciudad de La Plata para poner en mi conocimiento situaciones conflictivas que padecían por el accionar ilegítimo del señor Juan Pablo Medina, de la seccional de La Plata de la UOCRA", y que les dio una serie de consejos a los empresarios.
"Mi consejo siempre fue el mismo: que se presenten ante la justicia a denunciar los hechos por los que resultaban damnificados para, de esa forma, abordar los mismos con las herramientas que el derecho brinda y encontrar una solución definitiva", sostuvo Grassi que les dijo a los empresarios a los que, según surge del escrito, también les habló de la posibilidad de declarar como testigos de identidad reservada.
Al referirse a la reunión que se llevó a cabo en el Bapro, Grassi declaró que allí "no se cometió ningún delito ni se pergeñó un supuesto plan criminal ni nada que se le parezca", y negó delito alguno por concurrir a la sede de la AFI.
"Haber concurrido a la Agencia Federal de Inteligencia de la Nación no constituye ilícito penal alguno", sostuvo Grassi en el inicio de su descargo sobre ese punto, y luego agregó: "Siempre consideré que los procedimientos llevados a cabo por miembros de la AFI contaban con la resolución judicial que los autorizaba. No tenía motivos para pensar que fueran a realizarse de otro modo".
Más allá de lo que pasa con el senador Allan, de ahora en más el juez tiene diez días para resolver la situación procesal de cada uno. Es decir, si los procesa como pide la fiscalía, los sobresee o dicta falta mérito.
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